El informe sobre la fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 --ejercicio en el que María Dolores de Cospedal fue relevada al frente del Gobierno por Emiliano García-Page-- apunta a que la deuda viva de la Comunidad Autónoma pasó de 6.965 a 13.426 millones de euros desde el año 2011. Con este dato, tal y como explica el Tribunal de Cuentas, la deuda se elevó al 35,8% del PIB, a 0,4 puntos del máximo permitido.
Según este informe, recogido por Europa Press, en el año 2012 la deuda ya era de 10.190 millones de euros; al cierre de 2013 se colocó en 11.343; en 2014 en 12.858; y en 2015, ya con García-Page en el Gobierno, se cerró el ejercicio con 13.426 millones de euros en total.
Tal y como se especifica en este informe y argumenta María Dolores de Cospedal en sus alegaciones, la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y medidas como "el esfuerzo de consolidación presupuestaria, la optimización de la gestión de la cartera de deuda y los menores intereses a satisfacer por la adhesión al FLA" provocaron un ahorro de más de 273 millones en 2015.
En cuanto al déficit, la Comunidad Autónoma se situó en el 1,59% del PIB, lejos del objetivo del 0,7% --605 millones de euros--.
200 MILLONES DE GASTOS IMPREVISTOS
En el informe del grado de cumplimiento de los objetivos de deuda remitido por el Gobierno regional al finalizar 2015 se justifican gastos imprevistos a lo largo de la segunda mitad del ejercicio por un valor cercano a los 200 millones de euros, en gran parte por la ejecución de sentencias.
Así, a través de la empresa pública Gicaman, se abonaron 30 millones de euros derivados de acuerdos extrajudiciales por paralizaciones de obras llevadas a cabo entre 2011 y 2014; mientras que desde Fomento se abonaron 33,5 millones de euros por el mismo motivo.
Además, se tuvieron que pagar 34,6 millones de euros por la readmisión de los interinos "cesados irregularmente" en la pasada legislatura.
Como otros gastos imprevistos se apuntan cerca de 40 millones de euros para abonar terapias a pacientes de Hepatitis C; y cerca de 60 para satisfacer la mitad de la paga extra suprimida a los empleados públicos en el año 2012.
MÁS ALEGACIONES DE COSPEDAL
En las alegaciones presentadas, Cospedal asegura que durante su Gobierno implementó más "rigor en la presupuestación" y más intensificación en el control del gasto público", estableciendo mecanismos de control de la facturación para evitar "la existencia de facturas en el cajón que tan dañina se demostró para los proveedores de la Junta".
Más eficacia en la ejecución y certificación de inversiones financiadas por Fondos de Compensación, más rigor en la concesión de subvenciones y la consolidación para la limitación del tamaño del sector público son otros de los extremos exhibidos por Cospedal en sus alegaciones.
Destaca que en materia de personal, se incrementaron los efectivos hasta 78.000 personas; o que se redujo el tiempo medio de pago a los proveedores hasta situarlo muy por debajo de la media nacional.
LA PARALIZACIÓN DE DERIVACIONES SANITARIAS "FRENÓ LA TENDENCIA FAVORABLE" DE LISTAS DE ESPERA
En materia sanitaria, destaca Cospedal que en cuanto a listas de espera, éstas "presentaban una evolución favorable a finales de 2014", evolución que se frenó a finales de 2015, ya con García-Page en el Gobierno.
El motivo de esa paralización, según esgrime, se debe a que "el nuevo Gobierno paralizó los conciertos con entidades sanitarias privadas, que era uno de los mecanismos que se utilizaban para la reducción de la lista de espera quirúrgica".
Por último, Cospedal califica como "un ejemplo de transparencia" la "información detallada" que el anterior consejero de Hacienda, Arturo Romaní, llevó a cabo en el traspaso de poderes, "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero".
"Pero el nuevo Gobierno rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de documentación elaborada", añade.
