El Gobierno de Castilla-La Mancha ha constituido este lunes, Día Mundial del Medio Ambiente, la Mesa de la Minería que, además de ser un foro de comunicación permanente con el sector, pretende hacer de la minería una actividad económica viable que genere riqueza y empleo en la tierra y que sea sostenible, respetuosa con el medio ambiente y ofrezca oportunidades de futuro en las zonas rurales.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha presidido en Toledo, la constitución de esta Mesa, a la que han sido convocadas 26 entidades, entre asociaciones representativas de esta actividad en la región, los agentes sociales, la Universidad de Castilla-La Mancha y otros departamentos del Gobierno, para recopilar las demandas del sector y trazar conjuntamente las líneas de desarrollo futuro.
“Desde el Gobierno queremos escuchar sus demandas, preocupaciones e inquietudes para, entre todos, lograr que en la región se ejerza una minería más responsable y respetuosa con el medio ambiente” ha subrayado Patricia Franco, que también ha recordado la estrategia Europa 2020 que estableció líneas de trabajo para construir unas bases sólidas para el crecimiento y la creación de empleo en la Unión Europea hasta 2020.
El Gobierno de Castilla-La Mancha en el Pacto por la Recuperación Económica establece, en su Eje 5, sobre Industrialización y Modelo Energético, una actuación que se centra en la Ordenación y Medio Ambiente Minero y Apoyo a la modernización del sector. “Nos hemos propuesto un desarrollo económico basado en tres premisas, que sea inteligente, sostenible e integrador” ha apuntado la consejera en declaraciones a los medios.
Las próximas reuniones de la Mesa serán de ámbito más reducido para establecer una dinámica de trabajo más ágil, con carácter más sectorial. La propuesta del Ejecutivo autonómico es establecer un mínimo de una o dos reuniones al año, más las que sean necesarias, a demanda de los miembros de este órgano.
Una de las primeras líneas que el Gobierno regional ha llevado a la Mesa es el Código de Gestión de Prácticas y Actuaciones Ambientales en las actividades mineras de Castilla-La Mancha. Se trata del resultado del análisis de las repercusiones medioambientales que las actividades relacionadas con el sector minero producen durante su fase de explotación. En el mismo, y según ha abundado Patricia Franco, se hacen propuestas sobre la gestión de prácticas ambientales en minería, analizando la actividad desde el principio hasta el final, dirigidas a mejorar el rendimiento productivo, reduciendo los impactos ambientales que la actividad genera, y haciéndola medioambientalmente compatible.
Algunos de los más importantes puntos de este Código de Prácticas y Actuaciones Medioambientales pasan por constituir un instrumento técnico de cumplimiento para agilizar, mejorar y armonizar el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA) de las actividades mineras; estandarizar la gestión ambiental, con especial énfasis en la innovación, así como conocer las medidas y técnicas empleadas para evaluar el desempeño ambiental de los proyectos mineros, acceso a compilación de normativa que aplica en el desarrollo de proyectos mineros y fomentar la conciencia ambiental.
VENTANILLA ÚNICA DE LA MINERÍA
Del mismo modo, y según ha avanzado la consejera, se pretende constituir la Ventanilla Única de la Minería, una demanda del sector que servirá para agilizar los procedimientos. “Con esta Ventanilla Única queremos que todas las empresas mineras puedan realizar trámites on-line y consultar el estado de los expedientes de autorización administrativa en un clic” ha apuntado Patricia Franco.
En Castilla-La Mancha hay 278 minas en activo que generan más de 1.400 puestos de trabajo. “Estamos ante un sector que tiene notables efectos indirectos. No en vano, por cada empleo en la minería se crean 2 empleos en otros sectores” ha aseverado la responsable regional de esta área, al tiempo que ha recordado que Cataluña y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas del país que se preocupan por eliminar el impacto medioambiental que deja la minería, ejecutando los avales de las empresas que no han restituido la zona en la que han intervenido, y llevando a cabo las obras necesarias tendentes a rehabilitar dichas áreas.
En este sentido, cabe reseñar que la Ley de Minas de Castilla-La Mancha de 21 de julio de 1973, modificada por la de 5 de noviembre de 1980, obliga a realizar trabajos de restauración del espacio natural afectado por las labores mineras. La entidad explotadora debe constituir dos garantías financieras o equivalentes para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado: una de ellas para garantizar la restauración en lo que respecta a la explotación y a las instalaciones de preparación de los recursos minerales y otra para garantizar la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado.
Precisamente, en la jornada de este lunes también se ha presentado la instrucción que adecúa, a los actuales costes, la obligación de presentación de avales por parte de las explotaciones mineras para restaurar los terrenos una vez finalizados los trabajos. Así se ha puesto en común la idoneidad de modificar el sistema de garantías de recuperación medioambiental, para asegurar que se produce la restauración de las zonas afectadas por la minería, y que se hace mejorando, si cabe, el patrimonio natural y las posibilidades que este ofrece desde el punto de vista económico y de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Las empresas mineras que operan en Castilla-La Mancha tienen depositados en la actualidad más de 74,2 millones de euros en avales. Desde el año 2015, el Gobierno de García-Page ha ejecutado 10 avales, en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, lo que supone haber invertido más de 560.000 euros en recuperar el patrimonio natural de la región.
Este verano se continuará con la rehabilitación medioambiental de huecos mineros, con el comienzo de la restauración de cinco huecos más en las provincias de Cuenca y Toledo, por valor de más de más de 120.000 euros.
“En la actualidad no podríamos vivir con el nivel de vida que queremos, en una sociedad del siglo XXI, sin la minería. Sin los áridos, por ejemplo, no podríamos construir carreteras ni construir viviendas o rehabilitar las existentes o sin la minería metálica, la tecnología que usamos diariamente (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) no existiría” ha argumentado Patricia Franco que también ha reconocido que en los últimos tiempos, “la actividad minera está generando una creciente contestación social poniendo de relieve cuáles son los límites del ejercicio de la actividad económica en general y de la actividad minera en particular”. “De ahí, -ha concluido-, la necesidad de una Mesa de estas características para dar respuestas al sector y a la sociedad”.
PROYECTO MINERÍA TIERRAS RARAS EN CAMPO DE MONTIEL
En otro orden de asuntos, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha confirmado que la empresa 'Quantum Minería' tendrá un mes, un vez se inicie el plazo de alegaciones, para "demostrar" que el proyecto de minería de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real) es viable con el medio ambiente.
A preguntas de los periodistas, Franco ha remarcado la gran "contestación pública" al proyecto de 'Quantum Minería', con más de 12.500 alegaciones, que "probablemente mañana se van a reenviar a la empresa y en base a ellas presente un estudio de impacto ambiental acorde con la necesidad del entorno donde quiere llevarlo a cabo".
La consejera ha aclarado como la posición del Gobierno regional es "garantizar" que no haya daños medioambientales y ha explicitado que "hay un riesgo" -agua y algunas especies animales protegidas-, como ha emitido la Consejería de Medio Ambiente, y "en este sentido, 'Quantum' deberá demostrar que no es así".
"Ahora, deberá contestar a las alegaciones de empresas y particulares que el proyecto garantiza la supervivencia en ese entorno", para lo cual "tendrá un mes de plazo para establecer si cumple o no con los límites del estudio previo de la Consejería", ha ratificado Franco porque "en todo caso, queremos garantizar los procedimientos de transparencia y seguridad en todos los procesos".
En este contexto, ha confirmado más explotaciones solicitadas que "están en estudio" y ha como ejemplo ha reseñado una de wolframio en Abenójar (Ciudad Real) y que "a diferencia del anterior no tiene contestación pública y todos los vecinos lo llevan años pidiéndolo y lo van a acoger con los brazos abiertos".
"El Gobierno regional garantiza que los proyectos sean apoyados, como es este caso porque de lo contrario es muy difícil apoyar algo con todo un pueblo, una comarca, en contra", ha zanjado.
HUELGA DE LOS ESTIBADORES Y EXPORTACIONES DE CLM
Por último y en otro orden, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha reconocido que existe "preocupación" en las empresas exportadoras de Castilla-La Mancha por la huelga de estibadores y ha pedido al Gobierno central que "tome cartas en el asunto" para evitar un posible retraso en los envíos.
Franco ha reconocido la "incertidumbre" que rodea a empresas exportadoras de la región, como en el sector del ajo, por la parálisis y bloqueo en los puertos para la salida de sus productos que "afecta a la carga y dilata la entrega de las mercancías", ha señalado a preguntas de los periodistas antes de presidir la constitución de la Mesa de la Minería sobre la primera de las ocho jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de estibadores.
"Espero que el Ministerio encuentre la solución, que es necesaria porque no podemos permitir que, en el caso de las exportaciones, y no solo de nuestra región, sino de gran parte del mercado nacional, se vean limitadas por una decisión de ese colectivo. Tiene que tener una respuesta y una salida inmediata", ha defendido Franco.
En este sentido, ha evaluado los graves daños que puede producir porque "España ha basado su crecimiento económico" en la salida de los productos al exterior con contactos y operaciones comerciales "como alternativa a cuando se resiente el mercado interno".
Y, ha concretado, como alternativa a la situación actual, que la salida por el Canal de Panamá facilitaría el que se cumplan "las entregas previstas" por la paralización de los puertos nacionales.
"Estamos preocupados y el Ministerio debería tomar cartas para que vuelva a ocurrir esto y se resientan las relaciones comerciales ante los posibles retrasos en los envíos", ha concluido.
