CCOO recurre el decreto de los derechos de consumidores en gasolineras de CLM

CCOO considera "que esta norma, pese a su título, no garantiza los derechos de las personas consumidoras, no cumple con la accesibilidad a este servicio público que deben tener las personas con discapacidad, no garantiza la seguridad de las instalaciones, destruye empleo y fomenta la despoblación"
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Comisiones Obreras ha anunciado al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) la interposición de un recurso contra el decreto sobre los derechos de los consumidores en estaciones de suministro de carburantes, que según el sindicato abre paso a las gasolineras sin personal en la región.

En una nota de prensa, CCOO ha informado este miércoles que ha anunciado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM la interposición de un recurso contra el decreto 280/2019, de 23 de diciembre, "de los Derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha".

CCOO-Industria de Castilla-La Mancha ha considerado "que esta norma, pese a su título, no garantiza los derechos de las personas consumidoras, no cumple con la accesibilidad a este servicio público que deben tener las personas con discapacidad, no garantiza la seguridad de las instalaciones, destruye empleo y fomenta la despoblación".

Según el secretario regional de CCOO-Industria, Ángel León, el decreto "abre el paso a un modelo contrario a los valores e intereses que defiende CCOO, que propugna un desarrollo económico, social y laboral basado en las personas y en el empleo como pilar fundamental para la creación y distribución de la riqueza".

Y ha advertido que "por el contrario, el decreto pone en riesgo más de 2.700 empleos en la región al sustituir personas trabajadoras por sistemas automatizados de suministro de combustible".

Esta sustitución "solo servirá para mejorar los márgenes de las grandes distribuidoras y para el negocio de las multinacionales propietarias de estas instalaciones; que las establecerán allí donde se les permita para su propio y exclusivo beneficio, con un impacto social y laboral desolador", ha aseverado León.

En este sentido, ha explicado que la asesoría jurídica de CCOO entiende que hay razones suficientes para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el decreto.

León ha justificado la decisión de recurrirlo, porque el recurso tiene con finalidad "tratar de forzar una mejora de la norma para, como han hecho otras comunidades autónomas, salvaguardar derechos de trabajadores y consumidores que el actual decreto de Castilla-La Mancha, a nuestro juicio, no garantiza".

A partir del anuncio del recurso por parte de CCOO, la Sala de lo Contencioso-Administrativo el TSJCM requerirá al órgano emisor del decreto, en este caso la Consejería de Desarrollo Sostenible, todo el expediente administrativo instruido para su elaboración, desde su inicio hasta la publicación de la norma en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de 30 de diciembre de 2019.

A su vez, el TSJCM trasladará el expediente al sindicato, que a partir de ese momento tendrá diez días para estudiarlo y formalizar el recurso.

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