CCOO Castilla-La Mancha ha exigido a las administraciones públicas, estatal, regional y local, que en los contratos que adjudican a empresas privadas para servicios de carácter público en la comunidad autónoma no acepten las ofertas "más baratas" y sí las que garantizan más calidad y el mejor cumplimiento de los condiciones.
Una petición que han hecho pública este miércoles los secretarios generales de Construcción y Servicios del sindicato a nivel nacional, Vidente Sánchez, y regional, Remedios Toboso, que han presentado en rueda de prensa el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública, que tiene por objeto velar por el cumplimiento de los pliegos de condiciones, que se apliquen con rigurosidad en todos sus apartados, laboral, salarial, etc.
Una herramienta que tiene por objeto "velar por el cumplimiento de las contratas que están al servicio de las administraciones públicas" y que en Castilla-La Mancha afecta a unos 30.000 trabajadores, en la limpieza en hospitales, colegios o Universidad, mantenimiento de carreteras, vigilancia en centros oficiales o ayuda a domicilio, ha detallado Toboso.
"Es legítimo que las empresas quieran ganar dinero, pero la Administración, que adjudica, no puede mirar para otro lado y conceder la más barata, que prevalezca el precio", ha lamentado porque, ha asegurado, "no se puede perder ni un derecho por el camino, y para eso está nuestro Observatorio".
Y como ejemplo ha puesto el servicio de recogida de basuras de Albacete, adjudicado a 'Valoriza', que "sale con un precio rebajado de nueve millones de euros y esa diferencia, que se queda por el camino, va en pérdida de derechos, salarios y de un servicio público eficaz y de calidad".
Aplicado a Castilla-La Mancha, Vicente Sánchez ha detallado que la Administración publica -Estado, Junta y entidades locales- ha realizado 152 contratos públicos durante el último trimestre del 2019 y enero y febrero de este año: 36 en octubre, 30 en noviembre, 38 en diciembre, 19 en enero y 20 en febrero.
El 60 % han sido contratos de entidades locales, el 24 % de la Junta y el 16 % restante del Estado y, con un precio conjunto de licitación de casi 30 millones de euros, la adjudicación se ha reducido en 5.685.121 euros.
"Un 15,8 % menos que se ha dejado de gastar en la región por los tres administraciones en apenas cinco meses", ha detallado Sánchez, con 3.5612.037 euros que corresponde a las entidades locales (el 19,2 %), 628.642 euros al Estado (13,5 %) y 495.440 euros al Ejecutivo autonómico (7,6 %).
Y ha citado como sector con más diferencia entre licitación y adjudicación el mantenimiento de carreteras, un 26 %, "se deja de gastar uno de cada cuatro euros presupuestados", seguido por jardinería y obras (18 %).
Unos datos, a juicio de Sánchez, que "aparte una muy importante reducción de la inversión, supone una merma en la calidad y bajada en las contrataciones, que afecta a todos los sectores y particularmente a los que dan calidad de los ciudadanos".
Para romper con esa dinámica, ha exigido la derogación de la Ley de Desindexación, que "permite que las administraciones públicas no sean garantes del cumplimiento de las empresa privadas", en el pago de salarios, a la Seguridad Social y a Hacienda, y que se aplique la Ley de Contratación Pública que viene determinada por la Directiva Marco de la Unión Europea (UE).
Una ley que está en vigor desde 2017, dos años después de la Desindexación, aprobada por el PP, y que vela por los máximos criterios de calidad y no por el precio en la licitación de contratos, ha concluido.
