Cataluña irá a los tribunales para exigir al Gobierno de España 1.317 millones pendientes

El republicano ha indicado que la exigencia se concretará -si el Govern lo autoriza el próximo martes- en un recurso contencioso-administrativo por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas
El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, junto al presidente de Cataluña, Quim Torra, en una imagen de archivo
photo_camera El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, junto al presidente de Cataluña, Quim Torra, en una imagen de archivo

La Generalitat llevará al Gobierno a los tribunales para reclamarle 1.317 millones de euros pendientes de pago, correspondientes principalmente a la financiación de 2019, y ha hecho un llamamiento a las demás comunidades para que sigan sus pasos y demanden al Ejecutivo por los recursos impagados.

Fuentes del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat han indicado a Efe que el grueso del recurso se centrará en reclamar los 874 millones correspondientes a los anticipos de financiación del ejercicio de 2019 que no se han transferido, ya que se trata de una cuantía que el Gobierno había comprometido a principios de año y éste está en funciones.

La Generalitat también reclamará la liquidación de un mes de IVA pendiente del ejercicio 2017, aunque el Ministerio de Hacienda en ningún momento ha cuantificado de forma oficial cuál es el importe a liquidar ni ha comprometido su transferencia. Los 443 millones que reclama Cataluña por ese concepto se basan en una estimación del departamento.

"Los recursos(...) son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, nos corresponden por ley y se están reteniendo de forma irregular desde nuestro punto de vista", ha asegurado el vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, durante su comparecencia en el Parlament.

El anuncio del recurso contra el Estado ha sido el primer punto de su intervención, en la que tenía que desglosar cómo se ejecutará el recorte presupuestario del 6 % que ha aprobado su departamento, consecuencia del cierre de caja decretado en agosto.

Sin embargo, el conseller no ha ofrecido detalles sobre cómo se distribuirán los mencionados "ajustes", más allá de asegurar que no afectará al pago de nóminas ni servicios esenciales como los relacionados con asuntos sociales, sanidad, educación, vivienda, prevención de incendios y transferencias a ayuntamientos.

Sí que ha concretado cómo se articulará la denuncia contra el Ministerio de Hacienda: si el Govern lo autoriza, el próximo martes se pondrá en marcha un recurso contencioso-administrativo contra el Ejecutivo central por incumplimiento de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.

El vicepresidente catalán ha subrayado que el incumplimiento del Estado a la hora de transferir los anticipos correspondientes a 2019 no solo afecta a Cataluña, sino que perjudica a todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra.

Por este motivo, ha emplazado al resto de gobiernos autonómicos a sumarse a la demanda para exigir al Estado que haga llegar al territorio los 9.000 millones que adeuda por este concepto.

Desde la oposición, todos los grupos han coincidido en reprochar a Aragonès la ausencia de "autocrítica" respecto a la gestión del gobierno catalán, que funciona en prórroga presupuestaria desde hace dos ejercicios y este año ni siquiera llegó a aprobar su proyecto presupuestario para que se pudiera debatir en el Parlament.

En este sentido, el PSC ve "poco honesto" que Aragonès opte por "judicializar la política" y "cargar las culpas a otros" en vez de asumir su responsabilidad, y le ha tendido de nuevo la mano para negociar los presupuestos de 2020.

En la misma línea, los comunes se han erigido en "diques de contención" de los recortes y tanto ellos como la CUP se han ofrecido para aprobar una reforma fiscal que aumente los impuestos a los ricos y aseguren los recursos necesarios para garantizar la calidad de los servicios públicos.

Por su parte, Ciudadanos ha defendido que si el Govern no gastara tanto en los "chiringuitos" del "procés" no necesitaría aplicar recortes, y el PPC ha augurado poco recorrido al "anuncio incendiario" de Aragonès, que a su juicio solo busca crear "confrontación".

HACE FALTA UN GOBIERNO QUE NO ESTÉ EN FUNCIONES

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha recordado este miércoles a la Generalitat de Catalunya que el Gobierno comparte la necesidad de actualizar las entregas a cuenta pendientes con las comunidades, pero que para ello hace falta un Gobierno plenamente en funciones.

Así, según han señalado a Europa Press fuentes del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, esta necesidad se plasmó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que la titular de Hacienda llevó al Congreso y que fueron rechazados en la Cámara Baja, precisamente con el voto en contra de ERC y PDeCAT.

"La postura es la misma, anuncie lo que anuncie la Generalitat. El Gobierno entiende que hay que actualizar las entregas a cuenta y así lo incluyeron los Presupuestos, pero para eso hace falta que haya Gobierno", han señalado estas fuentes.

Desde Hacienda han recordado que la liquidación pendiente del IVA, fruto de un cambio normativo desarrollado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, "también se arreglaba en los Presupuestos" ya que, han recordado estas fuentes, se contabilizaba en los ingresos autonómicos un mes adicional pese a que "hubo mucha burla".

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