miércoles 26/1/22

Castilla-La Mancha ha reducido 52 entes públicos desde 2010, según Hacienda

En la imagen de archivo la sede la Consejería de Hacienda y AA.PP del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo
En la imagen de archivo la sede la Consejería de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha en la ciudad de Toledo

Las Comunidades Autónomas han reducido su sector público en 854 entidades desde el 1 de julio de 2010 (fecha considerada para el inicio del cómputo de los procesos de reordenación), lo que supone 41 entidades más que las computadas a 1 de enero de 2016, según se desprende del informe sobre reordenación del sector público autonómico que hoy publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública, correspondiente a la situación a 1 de julio de 2016. En el caso de Castilla-La Mancha, fueron 52 las entidades suprimidas.

De esas 854 entidades, 187 han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de 2016 o están en fase muy próxima a la extinción. Dicho informe, que analiza el grado de avance alcanzado por las CCAA en los procesos de reordenación, responde a los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a cuyo pleno se vienen elevando periódicamente sus resultados.

Teniendo en cuenta que los compromisos iniciales de reducción de entes por parte de las CCAA eran 508, la cifra alcanzada ya representa un 168% de ejecución sobre los compromisos iniciales. También supera al anterior informe correspondiente a la situación efectiva a 1 de enero de 2016, con un grado de ejecución del 160%.

La reducción inicial prevista de 508 entidades, se vio incrementada hasta el anterior informe (1 de enero de 2016) a 906 entidades. El aumento de compromisos de reducción de entes sigue creciendo, y en el informe que hoy se publica, los compromisos autonómicos se elevan ya a 927. Es decir, el objetivo ya se ha visto ampliado en 419 entidades respecto a los compromisos iniciales y en 21 entidades más sobre las previstas en el anterior informe.

Estas nuevas medidas suponen elevar los compromisos iniciales de reducción del sector público autonómico, pasando de un 20,89% a un 38,12%.

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