El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo considera necesario prevenir ya a los viticultores sobre va a ser cómo se convierten los actuales derechos de plantación de viñedo en autorizaciones, "estando pendiente la decisión del Ministerio de que el plazo finalice el 31 de diciembre de 2015 o lo amplíe hasta el 31 de diciembre de 2020".
Morcillo señala que "parece que está claro" que el plazo que se abra a primeros de año para realizar transferencias de derechos va a ser el último. "El viticultor que tenga derechos en su bolsa y quiera transferirlos, lo tiene que hacer en esta convocatoria, si no lo hace, ya la única posibilidad que va a tener es plantarlos el propio viticultor, previa conversión en autorización", ha señalado mediante un comunicado.
Otro aspecto importante que el secretario general de UPA destaca es que los agricultores tienen que conocer es que las plantaciones de viñedo del año 2016 ya se van a regir por el nuevo sistema. "Va a ser imposible el que el año que viene se pueda abrir un plazo de solicitud de arranque y plantación en la fecha habitual".
En principio desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha tienen previsto publicar un plazo extraordinario a principios de 2015 de arranque y plantación, según señala Morcillo.
UPA hace un llamamiento a los viticultores que estén en proyectos de reestructuración y estén pendientes del arranque, porque deberán hacerlo en este plazo excepcional. De no hacerlo pueden tener problemas para cumplir con los plazos para ejecutar el proyecto de reestructuración.
Por último, UPA CLM quiere saber cuál es la superficie máxima de viñedo que anualmente se va a autorizar a partir del 2016. Falta por definir el porcentaje que el mecanismo de salvaguardia que establece hasta un 1 % de la superficie de viñedo plantada en cada país. Para UPA CLM, este porcentaje debería llevarse a la mínima expresión, dada la situación actual de mercado de vino.
"Las autorizaciones serán válidas por un periodo de tres años, a contar a partir de la fecha en que hayan sido concedidas. Los productores que no hayan utilizado la autorización concedida durante el citado periodo de validez serán objetivos de sanciones administrativas. Con ello se pretende que el uso de las autorizaciones sea individual, no transferible, directo y rápido, evitando la especulación", señalan desde este organización.
