Castilla-La Mancha recibirá 13,4 millones para distintos programas agrícolas y ganaderos

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado la distribución para todas las Comunidades Autónomas en distintos programas de agricultura y ganadería
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El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este jueves en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el reparto de 156,3 millones de euros para la financiación de distintos programas agrícolas y ganaderos, de los que Castilla-La Mancha recibirá 13.487.276,28 euros.

En concreto, la mayor parte de esta cuantía, 147,5 millones de euros, corresponden con inversiones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los fondos para las ayudas a inversiones contempladas dentro del PRTR acordados en la Conferencia Sectorial que ha presidido por videoconferencia el ministro del ramo, Luis Planas, corresponden a las líneas de agricultura de precisión y bioseguridad.

En el caso de las inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero se ha acordado la territorialización de 101,8 millones de euros correspondientes a la segunda anualidad (2022), de los cuales Castilla-La Mancha recibirá 9.838.871,93 euros..

Además, también se ha acordado el reparto de 33,03 millones de la tercera anualidad (2023), de manera que las comunidades autónomas puedan atender la totalidad de las solicitudes recibidas en 2022 y publicar en 2023 nuevas convocatorias con el crédito resultante, de los cuales 3.191.079,36 euros corresponden a Castilla-La Mancha. El total por tanto del montante territorializado de esta línea acordado suma más de 134,8 millones de euros.

Agricultura ha precisado que el objetivo de estas ayudas es el de mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social.

De esta forma, la línea de refuerzo de los sistemas de capacitación y bioseguridad suma 12,7 millones de euros, repartidos a partes iguales entre las actuaciones en viveros y en centros de limpieza y desinfección (6,3 millones de euros en cada una). El objetivo de esta inversión es reforzar las condiciones de bioseguridad como elemento determinante para la prevención de la propagación de enfermedades animales o plagas y organismos nocivos de los vegetales. De ellos, Castilla-La Mancha recibirá 457.324,99 euros, concretamente 96.342,77 euros financiarán actuaciones en viveros y los 360.982,22 euros restantes se destinarán a centros de limpieza y desinfección.

La sectorial ha acordado además el reparto territorial de otros 8,7 millones de euros de distintos programas de sanidad animal y vegetal y de ayudas a la producción.

Así, para el programa de erradicación de enfermedades de los animales se ha aprobado la territorialización de 3,3 millones de euros, que complementan lo ya acordado en la sectorial de mayo, y que van destinados a las comunidades de Andalucía y Castilla y León para sufragar los gastos ocasionados por las enfermedades de Newcastle e influenza aviar.

De igual forma, 2,4 millones de euros están destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas. Una vez atendidas todas las solicitudes de las regiones, con esta nueva territorialización se trata de cubrir nuevas solicitudes de las comunidades autónomas de Cataluña y Comunidad Valenciana en la prevención y lucha contra plagas.

Asimismo, se ha acordado distribuir tres millones de euros a Canarias, que se suman a los 18 millones de euros ya territorializados en mayo, en apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía e insularidad (POSEI).

Agricultura ha precisado que el incremento de la dotación en esta línea permitirá paliar los efectos de la actual coyuntura económica derivada de la invasión rusa de Ucrania y el incremento sostenido de los costes de producción, que se une a los condicionantes propios de la insularidad que afectan a los agricultores y ganaderos canarios.

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