Castilla-La Mancha pierde un 13% de sus pisos turísticos en un año

Castilla-La Mancha pierde un 13% de sus pisos turísticos en un año
Castilla-La Mancha cerró noviembre de 2025 con 4.551 viviendas turísticas, lo que supone una caída interanual del 13,18%, por encima de la media nacional. La provincia de Toledo concentra 1.545 alojamientos, liderando la oferta regional en un contexto de fuerte ajuste del sector.

El número de viviendas de uso turístico descendió en Castilla-La Mancha hasta las 4.551 en noviembre de 2025, frente a las contabilizadas en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. La bajada del 13,18% en la región es más intensa que la registrada en el conjunto de España, donde el retroceso fue del 12,4%.

En términos de capacidad, las viviendas turísticas de la comunidad sumaron 28.686 plazas, por debajo de las 31.519 de noviembre de 2024. La media se situó en 6,01 plazas por vivienda, prácticamente estable respecto al año anterior, cuando era de 6,03.

Castilla-La Mancha, por encima del descenso nacional

La evolución regional contrasta con el comportamiento agregado del país. En España, el número de pisos turísticos comercializados en plataformas cayó hasta 329.764 viviendas, lo que supone la mayor caída interanual de toda la serie histórica y el nivel más bajo de los últimos tres años.

La comparación con el dato previo disponible, correspondiente a mayo de 2025, refuerza la tendencia a la baja: entonces se contabilizaban 381.837 apartamentos turísticos, lo que implica un ajuste acumulado del 13,6%.

Además, estas viviendas representaron en noviembre el 1,24% del parque total, un porcentaje inferior al registrado en mayo (1,43%) y en noviembre de 2024 (1,41%).

Andalucía lidera la oferta pese al ajuste general

Por comunidades autónomas, Andalucía encabezó el ranking con 91.757 viviendas turísticas, registrando incluso un incremento del 1,2% interanual. Le siguieron Canarias (49.676 y -3%), Comunidad Valenciana (48.411 y -25%) y Cataluña (46.915 y -11%).

Por debajo de las 20.000 viviendas se situaron Baleares (19.398 y -19,8%), Galicia (15.236 y -22,5%) y Madrid (15.309 y -26%).

En cuanto a plazas, el conjunto del país alcanzó 1,62 millones, frente a los 1,89 millones de noviembre de 2024, lo que supone un descenso del 14%. La media nacional bajó hasta 4,93 plazas por vivienda, por debajo de las 5,04 del año anterior.

Presión política contra la vivienda turística ilegal

La pasada semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, instó a comunidades autónomas y ayuntamientos a “clausurar pisos turísticos ilegales”, defendiendo que esas viviendas se destinen al alquiler residencial. “Trabajemos primero para cerrarlas y después para orientar a que esas viviendas se conviertan en alquiler residencial y no en un negocio”, afirmó.

Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recuerdan que desde el 1 de julio de 2025 está en vigor el registro obligatorio de alquileres de corta duración. Hasta la fecha se han presentado 412.253 solicitudes, de las que 320.620 (78%) corresponden a alquiler turístico y 91.608 (22%) a alquiler de temporada.

El ministerio defiende que este registro “preserva la función social de la vivienda y combate la ilegalidad”, señalando que la proliferación de alojamientos sin control ha provocado una subida exagerada de precios y la expulsión de familias de sus barrios.

Madrid, una “gran anomalía” en el registro

Uno de los puntos más destacados del informe es el caso del municipio de Madrid. Mientras que las plataformas ofertan 12.637 viviendas de uso turístico, en el registro oficial solo constan 1.283 viviendas activas. El resto de códigos solicitados corresponden a alquileres de temporada, elevando el total a 17.635 viviendas.

Más de 86.000 pisos turísticos ilegales detectados

En este contexto, el pasado 2 de febrero, el Ministerio de Vivienda notificó a las plataformas ‘on line’ la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales en España, solicitando la retirada de sus anuncios. Se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio pero no lo obtuvieron al no cumplir los requisitos exigidos por la normativa europea, que obliga a contar con un registro único de alquileres de corta duración.