Los trabajadores afectados por ERE bajaron un 74,8% en CLM hasta el mes de julio

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendieron un 74,8% en CLM, siendo una de las comunidades donde más bajó este porcentaje

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas descendieron un 74,8% en Castilla-La Mancha, siendo una de las comunidades donde más bajó este porcentaje, según datos del Ministerio de Empleo.

En términos nacionales, se registró un descenso del 39,4% en los siete primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2014, hasta sumar 65.306 afectados, según datos del Ministerio de Empleo.

Las empresas inmersas en un procedimiento de regulación de empleo disminuyeron un 48,7% respecto al periodo enero-julio del año pasado, hasta un total de 3.963, en tanto que los expedientes se redujeron un 48,1%, hasta 4.884 procedimientos.

Por tipo de procedimiento, el número de trabajadores afectados por despidos colectivos descendió un 38,3% en tasa interanual, hasta sumar 14.968 trabajadores. Las suspensiones de contrato afectaron a 41.135 trabajadores, un 32,4% menos, en tanto que los afectados por expedientes de reducción de jornada bajaron un 59,3%, hasta los 9.203 trabajadores.

Del total de procedimientos registrados en los siete primeros meses del año, el 92,6% contaban con acuerdo entre las partes.

La mayor parte de los trabajadores afectados por ERE autorizados/comunicados hasta julio provenían de la industria (34.104), con un descenso del 31,6% respecto al año anterior, y de los servicios, que recortaron un 46% la cifra de trabajadores afectados, hasta sumar 24.623. En la construcción, los afectados totalizaron 5.564 (-50,4%) y en la agricultura, 1.015, cifra un 5,4% inferior a la de enero-julio de 2014.

CASI LA MITAD EN UN ERE ECONÓMICO

De los 65.306 trabajadores afectados por ERE hasta julio, el 47,2%, esto es 30.817 trabajadores, se vieron envueltos en un procedimiento por causas económicas.

Dentro de este apartado, los procesos en los que las empresas alegaron pérdidas actuales afectaron a 18.292 trabajadores, mientras que la disminución del nivel de ingresos o de las ventas afectó a 6.010 empleados. La previsión de pérdidas utilizada por las empresas para justificar un ERE afectó a 522 trabajadores, mientras que 68 trabajadores se vieron implicados en un ERE del sector público alegándose como causa la insuficiencia presupuestaria.

Por otro lado, los trabajadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 1.118 hasta julio, los afectados por causas organizativas totalizaron 5.344, los de producción ascendieron a 27.070 y los de fuerza mayor, a 957.

ARAGÓN, LA COMUNIDAD CON MÁS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de trabajadores inmersos en regulaciones de empleo en los siete primeros meses del año fueron Aragón, con 11.229 trabajadores implicados (+116,8%); Madrid, con 9.883 (-24,8%), y Castilla y León, con 7.620 trabajadores afectados (-17,6%).

En todas las comunidades se registraron descensos interanuales en los trabajadores afectados por ERE hasta julio, salvo en Aragón, donde se multiplicaron por más de dos debido a que el número de afectados por procedimientos de suspensión de contratos (10.395 trabajadores) triplicó el de los siete primeros meses de 2014.

El motivo de este incremento de los procedimientos en Aragón se halla en el expediente de suspensión temporal de empleo de 30 días que presentó General Motors (Opel) para su planta de Figueruelas (Zaragoza) y que empezó a aplicarse el pasado 15 de junio.

Las regiones donde más descendieron los trabajadores afectados por ERE fueron Castilla-La Mancha (-74,8%), Andalucía (-62,3%) y La Rioja (-60,6%).

La principal novedad introducida en la reforma del mercado de trabajo en relación a los ERE es la eliminación de la autorización administrativa anteriormente exigida para proceder a la realización de despidos colectivos o de medidas de suspensión de contrato o reducción de jornada por parte del empresario.

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