CCAA colaborarán en la definición del cálculo medio de pago a proveedores

Las comunidades autónomas podrán finalmente colaborar a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la definición del método de cálculo del periodo medio de pago a proveedores, que deberá publicarse periódicamente para que los ciudadanos sepan si se cumple el plazo legal de 30 días o si existe morosidad en el sector público.

Así ha quedado recogido en el proyecto de ley de Control de la Deuda Comercial, que este jueves ha superado su tramitación en la Comisión de Hacienda del Congreso con el apoyo de PP y UPyD y el rechazo del resto de la oposición. Al tratarse de una norma orgánica, deberá ser debatida de nuevo por el Pleno de la Cámara Baja, lo que está previsto que ocurra el jueves 21 de noviembre, antes de ser enviada al Senado.

Así, tras la primera fase de su tramitación, el proyecto de ley original ha quedado modificado con una decena de enmiendas 'populares' --relativas la gran mayoría a aspectos ajenos al propósito de la norma como crear nuevas bonificaciones por invertir en los Puertos o beneficios fiscales para los organizadores del Campeonato de Vela de Santander-- y sólo una transaccional de entre las 83 propuestas de la oposición.

En concreto, se trata de un texto pactado por PP y CiU para permitir precisamente que el CPFF deba emitir un informe previo sobre la propuesta que haga el Ministerio de Hacienda en relación con el método de cálculo del periodo medio de pago a proveedores, de modo que se garantice la efectiva participación de las comunidades autónomas.

Además, los 'populares' han reconocido que algunas de las enmiendas presentadas por Unión del Pueblo Navarro (UPN) para abrir la posibilidad de que los ayuntamientos con superávit puedan destinarlo a otros fines que no sean reducir su deuda se están negociando de cara a la tramitación de la norma en el Senado.

PONER FIN AL DERROCHE PÚBLICO

La 'popular' Encarnación Jiménez ha asegurado que con esta ley "se pondrá fin al derroche del dinero público, a gastar más de lo que se puede pagar y a esa filosofía que acuñaron los socialistas de que el dinero público no es de nadie", y ha valorado que se incrementa la transparencia porque "todos los ciudadanos podrán conocer el periodo medio de pago de las administraciones".

"Es una ley de suma importancia para que nunca ningún ciudadano o empresa tenga que soportar situaciones dantescas como pasaba en Castilla-La Mancha donde, tras 28 años de Gobierno socialista, el PP se encontró en el cajón 70.000 facturas sin pagar, más de 3.000 millones de deuda comercial, casi la mitad del presupuesto anual de la comunidad", ha criticado.

Así, ha insistido en que "no es de recibo" esa morosidad, que "arruina a muchas empresas y autónomos y pone a muchos trabajadores en la calle", y ha defendido que con esta medida y con otras (como la factura electrónica, el Fondo de Liquidez Autonómico o el plan de pago a proveedores) el Ejecutivo central "ya está poniendo el contador a cero".

Finalmente, ha rechazado las críticas de la oposición a las duras medidas coercitivas que incluye la ley recordando que "se rigen por el principio de proporcionalidad y se aplicarán de forma sucesiva". "No es necesario ni sería deseable llegar a situaciones límite", ha dicho.

VENTANILLA ÚNICA PARA COBRAR

El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que su formación ve "con buenos ojos" una norma basada en los principios de estabilidad presupuestaria y lucha contra la morosidad, y cree que las medidas que incluye suponen "un avance interesante en la dirección adecuada". "Sólo lamentamos los años perdidos en la aplicación de estas medidas y dudamos de la voluntad política de hacer uso de estos instrumentos (coercitivos)", ha añadido.

En cualquier caso, cree que se podrían incluir "mejoras" en el diseño de la ley como, entre otras, crear una ventanilla única en la Administración central para que, al superar los 30 días, la empresa pueda ir a cobrar su factura pendiente y que luego se detraigan esos recursos de la administración morosa. "Así se cumpliría estrictamente el periodo legal, aflorarían todas las facturas y sería un modelo mejor", ha afirmado.

FALTA GARANTIZAR LA LIQUIDEZ

La socialista Patricia Blanquer también comparte la "importancia que el diligente pago a proveedores tiene para el principio de estabilidad y para el correcto funcionamiento de la economía", pero cree que las medidas incluidas en el proyecto "no son de posible cumplimiento práctico" ni serán "eficaces" para conseguir que se cumpla el pago "puntual" de las facturas de los proveedores.

Así, lamenta que se prevean medidas que pueden afectar a la autonomía financiera de las comunidades, a las que "no se implica en la consecución de un fin común", y critica que el Gobierno central no se aplique una severidad similar. Además, cree que con este proyecto de ley se avanza en la "centralización" y el "desmantelamiento" del Estado del Bienestar, mientras no se ataja el problema de "escasez de ingresos" que está detrás de los retrasos en los pagos.

El diputado de CiU Antoni Picó también ha expresado el rechazo de los nacionalistas catalanes a una norma que "entorpecerá y no facilitará el pago efectivo en tiempo y forma de las facturas" ya que no incorpora elementos para facilitar la liquidez de unas administraciones "sometidas a una estricta intervención financiera" del Gobierno central a través de un techo de gasto condicionado por unos objetivos de déficit que "no son proporcionales con el gasto que (las comunidades) deben asumir por los servicios de educación, sanidad o servicios sociales".

Por ello, y pese a coincidir en la necesidad de erradicar la morosidad y sus consecuencias sobre el tejido productivo, CiU reclama flexibilizar los procedimientos de control y sanción, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera participe de la definición del periodo medio de pago, que la retención de recursos no pueda poner en peligro el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos, que no sea un mecanismo automático y que el proyecto de ley no entre en vigor hasta que no se haya "puesto a cero el contador" de las facturas y el Gobierno no asegure la liquidez necesaria al resto de administraciones.

En cualquier caso, Picó también ha valorado la inclusión en este proyecto de ley de una de las reclamaciones de CiU, como es que los ayuntamientos con superávit puedan destinarlo a inversión, aunque ha reclamado también que pueda usarse ese dinero para programas de promoción económica, planes de empleo local y programas de ayudas sociales, y que no sólo se autorice esta posibilidad para 2014 sino también para el año en curso.

UN PASO MÁS EN EL SACROSANTO PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

Caridad García, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), rechaza un proyecto que "busca completar el proceso de control de endeudamiento público, ampliando el sacrosanto principio de estabilidad financiera a la deuda comercial". "Es cierto que la morosidad es un peligro para la economía de las administraciones públicas, pero no todo vale para solucionar este problema. Lo prioritario es el mantenimiento de los servicios públicos", ha señalado.

Por eso, su formación reclama "más ingresos" para poder garantizar el equilibrio presupuestario y el pago a los proveedores sin poner en riesgo los servicios, reformar la Constitución y la Ley de Estabilidad para permitir desviaciones de déficit que permitan cubrir los servicios esenciales, flexibilizar la regla de gasto en función del nivel de paro y evitar un "abuso de control" del Gobierno central que "vulnere la autonomía financiera" de las comunidades.

Al margen de las críticas concretas al proyecto de ley, los portavoces de PSOE, UPyD y CiU han reprochado al PP que, una vez más, haya incluido enmiendas relativas a asuntos que nada tienen que ver con el proyecto, que sin embargo no se han incluido en el proyecto de ley de Presupuestos de 2014.

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