El pleno del Parlamento Europeo aprueba la reforma de la PAC

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles luz verde a los cuatro reglamentos que forman la reforma de la Política Agraria Común (PAC) pactada por la Unión Europea y que en principio entrará en vigor en enero de 2014, aunque en la práctica las medidas más relevantes se retrasarán al menos hasta 2015. Los eurodiputados también han validado las medidas de transición previstas para e periodo de tránsito.

Los retrasos en las negociaciones han hecho que la mayoría de sus disposiciones tengan que ser aplazadas al menos un año para dar tiempo a que los gobiernos trasladen a sus sistemas nacionales las modificaciones, incluido el llamado pago verde que condicionará un 30% de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales.

Para que la reforma sea aplicable requiere aún el apoyo formal de los Estados miembros antes de que concluya este año y que se cumplan los trámites en marcha para transponer los reglamentos.

La Eurocámara, los Veintiocho y la Comisión Europea lograron pactar las grandes líneas de la reforma antes del parón veraniego, pero no fue hasta este septiembre cuando consiguieron cerrar los últimos flecos.

La nueva PAC contará con 408.310 millones de euros para el periodo 2014-2020, de los que 312.700 euros se destinarán principalmente al pago de ayudas directas y, en menor medida, a medidas de mercado y habrá otros 95.600 millones para el segundo pilar, es decir, fondos para el desarrollo rural. España recibirá unos 37.700 millones de euros en total para pagos directos y otros 8.300 millones de euros para desarrollo rural.

Según coinciden todas las partes, la nueva PAC permitirá una política agrícola "más verde", porque condicionará un 30 % de los apoyos directos a esfuerzos medioambientales concretos, como por ejemplo los pastos permanentes, que las organizaciones ecologistas consideran insuficientes.

La nueva PAC también asegurará un reparto más "justo" y "equilibrado" entre los agricultores, pese a que la presión de Estados miembros como España consiguieron descafeinar la convergencia que intentó imponer Bruselas, para que todos los productores de la UE recibiesen el mismo nivel de ayuda de aquí a 2019.

La reforma introduce entre sus novedades la creación de una "lista negativa" con la que definir de manera más clara al "agricultor activo", con el objetivo de evitar que parte del gasto agrícola de la UE va a parar a manos de los llamados productores "de salón" que no desempeñan actividad agrícola alguna, como aeropuertos o campos de golf.

Entre los elementos del acuerdo figura también la extensión hasta 2017 del sistema de cuotas de producción de azúcar, tal y como decidieron los ministros, frente al 2018 al que aspiraba el Parlamento.

La Eurocámara tampoco ha conseguido defender el techo máximo de 300.000 euros al año por explotación que Bruselas propuso, ya que los líderes europeos establecieron que esta medida sería voluntaria para los países y se negaron a negociarla. A cambio, los gobiernos han aceptado una reducción o 'degresividad' del 5% para los subsidios que superen los 150.000 euros anuales.

El pacto agrícola que ha superado el voto europarlamentario, además, eleva del 75 al 85% la cofinanciación europea de los programas de desarrollo rural en las regiones ultraperiféricas y en las menos desarrolladas, es decir, las consideradas como 'convergencia', lo que beneficiará a Extremadura.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha aplaudido el voto de la Eurocámara porque "promoverá un sector más competitivo", al impulsar las organizaciones agrarias y la inversión e innovación, y porque estará "mejor dirigida a ayudar a que los productores tomen medidas contra el cambio climático".

"Es un gran día para los agricultores europeos, pero también para los ciudadanos que se preocupan por la calidad de su comida y por la sostenibilidad de las prácticas agrícolas", ha declarado Ciolos. Bruselas trabaja ahora con los expertos de cada país de la Unión Europea para asegurar una aplicación "eficiente" y "suave" de la reforma.

Para el presidente de la comisión europarlamentaria de agricultura, el socialista italiano Paolo de Castro, se trata de una nueva política para "mantener el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente" y que "preparará mejor a los agricultores a afrontar los retos del futuro y será más justa y legítima".

La eurodiputada del Partido Popular María Auxiliadora Correa ha destacado, por su parte, que el acuerdo entre las instituciones europeas y los gobiernos nacionales es "equilibrado" y "se ajusta más a la realidad" de los productores que las propuestas iniciales de la Comisión Europea. La también 'popular' Esther Herranz ha destacado que España seguirá recibiendo el mismo nivel de ayudas "pese al recorte de fondos para toda la UE que se ha aprobado".

También se ha pronunciado sobre la reforma la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, para quien la nueva PAC debe cuidar la "diversidad" de los campos de las regiones europeas porque es "una de las bases de nuestra identidad" y porque "añade más valor a las producciones".

Además, la eurodiputada del PSOE y miembro de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo Iratxe García ha destacado la "mayor flexibilidad" que ofrece la reforma a los Gobiernos, sobre quienes "recae la responsabilidad" de definir cuestiones "fundamentales" para aplicar la PAC.

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