Castilla-La Mancha ha cerrado el año 2017 con un déficit del 0,72 por ciento, por encima del 0,6 % fijado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, y el Gobierno regional lo achaca a la Universidad regional (UCLM) por el déficit de 25 millones y a la Unión Europea (UE) por fondos todavía no ingresados.
En rueda de prensa en Toledo, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que, según los datos que ha hecho públicos el Ministerio, el déficit de Castilla-La Mancha en 2017 ascendería a 288 millones, el 0,72 % del Producto Interior Bruto (PIB), pero ha afirmado que el déficit "imputable" a la Junta de Comunidades es de 230 millones, un 0,57 %.
Así, Ruiz Molina ha detallado que Castilla-La Mancha gastó 6.907 millones de euros el pasado año, un 90,5 % del presupuesto, mientras que ingresó 6.669,6 millones, el 94,3 % de lo presupuestado, lo cual arroja una diferencia de 238 millones de euros.
A esta cantidad habría que añadir -ha subrayado- 50 millones de ajustes de la contabilidad nacional, por lo que el déficit oficial alcanzaría los 288 millones.
Sin embargo, Ruiz Molina ha concretado que al déficit oficial de 288 millones de euros habría que "descontar" los 25 millones de déficit de la UCLM, porque "no son imputables a la gestión financiera del Gobierno", y otros 33 millones de euros que, ha estimado, va a obtener Castilla-La Mancha de la liquidación del programa FEDER 2007-2013 y que, a pesar de haberlos reconocidos, la Unión Europea no ha hecho efectivo aún el ingreso.
Pese a que la cifra oficial "no es positiva", el titular de Hacienda ha insistido en que "lo que es imputable a este Gobierno es la cantidad de 230 millones de euros", la cual permitiría decir que "hemos cumplido con creces el objetivo de déficit de 2017".
En este sentido, se ha mostrado "satisfecho" porque Castilla-La Mancha "sigue reduciendo considerablemente el déficit respecto a la Legislatura anterior" y ha recordado que la región cerró el 2015 con 615 millones de déficit y que en 2017 esa cifra se ha reducido a los 230 millones, lo que se traduce en una disminución de más del 62 %.
Además, Ruiz Molina ha destacado que el Ejecutivo autonómico está siendo "capaz de controlar las finanzas públicas" y cumplir, a la misma vez, con los objetivos de la recuperación económica y social.
Ha resaltado que a lo largo de dos años y medio se han contratado 3.000 trabajadores más, se han recuperado derechos de los empleados públicos, se han incorporado 17.000 personas al sistema de la dependencia, se han reducido las ratios y las horas lectivas en educación y se ha impulsado un Plan de Infraestructuras Sociales.
También durante este período la Junta ha financiado programas de empleo que han beneficiado a 50.000 personas así como que 4.800 empresas se han podido acoger a la política de incentivos para la inversión empresarial, ha agregado.
Por tanto, según el consejero, se está llevando a cabo un "control férreo" de las finanzas públicas, pero que no ha impedido que la comunidad se convierta en la tercera que menos incrementa su endeudamiento y la que paga a los proveedores en la mitad de plazo que el conjunto de las regiones españolas.
En cuanto al déficit, ha apuntado que, aún fijándose en la cifra oficial del 0,72 %, Castilla-La Mancha también ha logrado reducir la cifra con respecto al año pasado, cuando ascendía al 0,82 %, y ha destacado que frente a la desviación del 69 % de la Administración del Estado en general la comunidad se habría desviado solo un 20 %.
Con todo, y puesto que la cifra oficial refleja el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de Castilla-La Mancha, Ruiz Molina ha confirmado que tendrá que presentar un Plan Económico Financiero ante el Ministerio con las medidas para corregir esa desviación.
