El Consejo de Administración de Elcogas, S.A., reunido en sesión extraordinaria, ha tomado la decisión de encargar a la Dirección de la Compañía el inicio de los trámites para el cese de la actividad de explotación de la Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) de Puertollano (Ciudad Real), dentro de los plazos administrativos contemplados en la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, recibida el pasado 5 de agosto de 2015, que ha autorizado el cierre de la planta.
El Consejo ha tomado esta decisión tras analizar los resultados de la planta, que "arroja unas pérdidas que, desde el inicio de la actividad de la instalación, superan los 200 millones de euros, incluyendo los 11,8 millones de euros de resultados negativos registrados en los siete primeros meses de 2015". "Estos datos confirman su inviabilidad económica, hecho que ha motivado la tramitación de la solicitud de cierre", ha manifestado la empresa en un comunicado.
En la reunión, el Consejo ha vuelto a analizar la necesidad "ineludible de un marco regulatorio que permita a un proyecto singular, como el de Elcogas, obtener los ingresos necesarios para asegurar su viabilidad económica hasta el final de su vida útil, extremo que no ha sido posible a pesar de los esfuerzos realizados".
La decisión del Consejo de Administración se ha tomado una vez recibida la autorización de cierre por parte del Ministerio de Industria, "tras un año en el que la central ha estado operando a precios de mercado y registrando pérdidas, a la espera de un cambio regulatorio que modificara la actual situación de inviabilidad económica de la central y que no se ha producido".
LA OPERACIÓN DE LA PLANTA SE MANTENDRÁ EN AGOSTO
En línea con la decisión adoptada por el Consejo de Administración, la Dirección de Elcogas acometerá la reducción de la contratación de servicios auxiliares externos y procederá a interrumpir los contratos de suministros de materias primas y servicios, sobre la base de las condiciones contractuales de los mismos, "lo que permitirá mantener la operación de la planta en agosto de acuerdo con sus recursos actuales".
Todo ello sin perjuicio de los acuerdos a adoptar en una Junta General Extraordinaria, cuya fecha se determinará en su momento.
"RESPETO ESCRUPULOSO A DERECHOS LABORALES"
Por otro lado, es voluntad de la empresa acometer este proceso con el "respeto escrupuloso" de los derechos laborales de los trabajadores y en el marco de un diálogo con sus representantes sindicales, "manteniendo de manera ordenada el empleo necesario para realizar las actividades previstas en las mejores condiciones de seguridad y con el mínimo impacto medioambiental". Por ello, la Dirección de la sociedad ha decidido ponerse "en contacto inmediato" con la representación sindical para informarle de la situación y poner las bases para el desarrollo de ese diálogo.
Asimismo, la Dirección de la empresa se ha dirigido a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Puertollano para hacerles partícipes de manera inmediata de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración.
PROCESO INICIADO A MEDIADOS DE 2014
Fue el 1 de julio de 2014 cuando Elcogas presentó oficialmente la documentación para proceder al cierre y la liquidación de su Central Termoeléctrica de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado debido a la "inviabilidad económica" de la compañía "en el actual marco regulatorio y en el actual mercado eléctrico".
Tras meses de protestas de los trabajadores e incluso de un encierro que les llevó a pasar la Nochebuena en la planta, el Ministerio ofreció el pasado enero a la empresa paralizar el cierre y esperar a la aprobación de cambios regulatorios.
El 13 de enero, en una reunión extraordinaria de su Consejo de Administración, Elcogas acordó suspender temporalmente el cierre al confirmar "informaciones que apuntan a la posibilidad de cambios regulatorios acerca de la retribución al uso de carbón nacional en plantas de generación eléctrica".
Sin embargo, el pasado mes de marzo, el Ministerio de Industria desestimó la solicitud de suspensión temporal presentada por la empresa y trasladó del expediente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
