El Consejo de CCOO Castilla-La Mancha pide la paralización del ERE en Tragsa

El Consejo de las CCOO de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, por unanimidad, a propuesta de las federaciones regionales de CCOO-Servicios y CCOO-Construcción y Servicios, una resolución en solidaridad con los trabajadores del grupo Tragsa, por la paralización del ERE que ha comenzado a aplicar en las empresas Tragsa y Tragsatec.

Según ha informado en nota de prensa el sindicato, en dicha resolución han reclamado la reincorporación de las personas que ya han sido despedidas y han exigido la negociación de un Plan de Viabilidad con despidos "cero" que permita salvaguardar e incluso incrementar el empleo del grupo público empresarial, aumentar su capacidad de producción y mejorar su eficiencia organizativa.

Ha recordado CCOO que el ERE del grupo Tragsa, el mayor aplicado nunca en una empresa pública en el país, ha provocado ya 63 despidos en Castilla-La Mancha; 31 en Tragsa --14 de ellos en Ciudad Real, diez en Toledo, tres en Guadalajara, dos en Albacete y otros dos en Cuenca--; y 32 en Tragsatec, de los que 17 corresponden a Toledo, siete a Albacete, seis a Ciudad Real y dos a Cuenca.

Así las cosas, CCOO no descarta que se ejecuten más despidos hasta el próximo 31 de enero, de tal modo que en la región podría haber hasta 148, afectando a trabajadores que llevaban en la empresa 12, 15, 20 y hasta 25 años.

Por ello, CCOO de Castilla-La Mancha ha exigido la retirada del ERE, la reincorporación de los trabajadores que ya han sido despedidos y la reapertura de la negociación del Plan de Viabilidad "con despidos cero" comenzada en 2013 y abortada en 2015.

Este sindicato también ha pedido a las Cortes regionales que tramiten y aprueben "en breve" una Proposición no de Ley en la que se reconozca que la ejecución del Procedimiento de Despido Colectivo (PDC) en el grupo TRAGSA es "profundamente perjudicial" para los intereses del país y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, "tanto en términos de empleo como de capacidad para satisfacer buena parte de los compromisos adquiridos, dificultándose la materialización efectiva de los encargos de obras y servicios que necesita la administración".

De igual modo, instan al Parlamento regional a dirigirse al Gobierno central y a los ministerios afectados por todos los cauces posibles, y llevar a cabo cuantas acciones sean factibles a fin de impedir la ejecución del mencionado PDC y a reclamar al Gobierno de España que exija a la dirección del Grupo TRAGSA la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores.

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