CCOO ha advertido de que un total de 600 trabajadores adscritos a los Servicios Centrales del Grupo Liberbank, cerca de 150 de ellos en Cuenca, podrían ver en riesgo su puesto de trabajo por la externalización de actividades que el grupo va a llevar a cabo con la creación de una empresa, participada al cien por cien por Liberbank.
Así lo ha puesto de manifiesto el responsable de la Sección Sindical de CCOO en Liberbank, Carlos Genillo, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario de la Federación Estatal de Servicios, Chema Martínez, antes de la reunión del Comité Regional de esta federación en Toledo.
Genillo ha condenado la intención del grupo de externalizar servicios por medio de la creación de una empresa 'ad hoc', denominada 'Factoría de Transformación de operaciones y servicios' "ajena" a la actividad bancaria de Liberbank, que tendrá sede en Toledo y cuyos trabajadores quedarán fuera del convenio colectivo del ahorro.
Dicho esto ha indicado que esos 600 trabajadores afectados -300 de Oviedo, cerca de 100 de Santander, 150 de Cuenca y otros tantos de Cáceres y Plasencia- verán en riesgo sus puestos de trabajo, pues no se trata de una mera operación geográfica sino de una actuación con la que el grupo convertirá el empleo "estable en precario".
De su lado, Martínez ha condenado que Liberbank no dialogue con los sindicatos después del ERTE aplicado, y que sigue vigente hasta 2017, añadiendo que "lo peor" de todo es que no cumpla con la normativa laboral, algo que está denunciado ante el Banco de España.
Ha recordado que además ha perdido una sentencia en la Audiencia Nacional por transgredir la negociación colectiva, pues de forma "fraudulenta" ha ofrecido bajas incentivadas estando en vigor el ERTE, mientras "no se ha cortado en repartir dividendos entre sus accionistas".
"Es una empresa que, desde que le pusimos una querella criminal por lo que entendíamos como una agresión a los procesos fiscales y por tráfico de influencias del marido de María Dolores de Cospedal, ha cortado toda la relación con los sindicatos, de forma especial con CCOO, lo que está perjudicando a toda la plantilla", ha terminado.
RECHAZO AL CALENDARIO COMERCIAL DE 2015
De otro lado, el sindicato CCOO ha mostrado su rechazo al calendario de aperturas de establecimientos comerciales en domingos y festivos autorizados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de cara al 2016, pues considera que "favorece los intereses de las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio y sus plantillas".
Así lo ha indicado la secretaria general de Servicios de CCOO en Castilla-La Mancha, Brigi Soánez, quién ha hecho un resumen de los diversos asuntos que esta Federación va a abordar la reunión de su Comité Regional.
Ha condenado Soánez que concentrar las aperturas en los meses de diciembre y enero, como ha hecho el Gobierno regional, no permite racionalizar los tiempos de trabajo y descanso y favorece un aumento de la competitividad de las grandes superficies frente al comercio minorista, pues no aumenta su venta sino que la reparte entre todos los días de la semana.
Y es que desde CCOO han alertado del descenso significativo y del cierre de las tiendas de barrio, pues desde septiembre de 2008 a 2015, según datos de la Seguridad Social, se han destruido casi 14.000 empleos del sector del Comercio.
En la actualidad hay 68.000 personas dadas de alta en este sector, lo que supone un 16,1 por ciento menos que hace siete años, y "demuestra que aunque crece en términos económicos, no lo hace de igual manera en términos de empleo", ha lamentado Soánez.
REUNIÓN
Además de abordar las "encalladas" negociaciones de los diversos convenios colectivos, en esta reunión la Federación de Servicios ha expresado su preocupación por la proliferación de las llamadas empresas multiservicios y la creciente constitución de nuevos convenios colectivos de empresa que se desligan por esta vía de las condiciones retributivas y de trabajo establecidos en los acuerdos sectoriales.
De ahí que Soánez haya reclamado una mayor actuación de la Inspección Laboral, pues considera que este tipo de situaciones "solo provocan más desigualdad y empobrecimiento de los trabajadores, especialmente de las mujeres", como ocurre a las cerca de 2.000 mujeres que trabajan como camareras de hoteles y servicios de limpieza en la región.
En otro orden de cosas, y tras ensalzar la recuperación del diálogo social en la región, la responsable de la Federación de Servicios de CCOO ha avanzado que exigirán en las mesas de trabajo a constituir a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, una promoción y una oferta turística de calidad, con inversiones e infraestructuras.
Sobre este punto, ha lamentado que aunque las visitas a la región se hayan incrementado en 2014 un 9,2 por ciento y un 7,98 las pernoctaciones, el empleo que genera este sector sea "precario, a tiempo parcial y, en muchos casos, en condiciones fraudulentas".
También, ha reclamado la puesta en marcha de un Plan Estratégico del Pequeño Comercio, desde el que impulsar una política de incentivos a la economía, que "cree ciudad y genere actividad en los casos urbanos y en los pueblos, por medio de un empleo de calidad", ha concluido.
ERE EN TRAGSA
Por último, el secretario de la Federación Estatal de Servicios de CCOO ha pedido hacer un ajuste de plantilla y de salario a más de 100 directivos de la empresa pública Tragsa, "que cobran más que el presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, para no hacer efectivo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 1.336 personas en todo el país, 200 de ellas en Castilla-La Mancha.
De este modo se ha pronunciado Martínez, quién ha reiterado que lo que necesita el Grupo Tragsa es "ajustar los salarios de su cúpula directiva, pues hay cerca de 100 personas de la Dirección que cobran más de 78.000 euros al año, lo que cobra el presidente del Gobierno", como aseguró en el debate que este lunes mantuvo con el secretario general socialista, Pedro Sánchez.
A juicio del responsable de la Federación Estatal de Servicios de CCOO, este ERE "a pesar de lo que digan los tribunales" --pues el Tribunal Supremo considera que ese ajusta a derecho--, "es innecesario", a la vez que el mayor que se ha aplicado en una empresa pública del país.
"El tiempo nos ha dado la razón y todos los empleos que se van a destruir se han demostrado que son necesarios en la campaña de control de incendios o de prevención de plagas", ha defendido Martínez, que ha agregado que ahora no hay negociación ni con el Ministerio ni con la propia empresa "preocupados de quién seguirá adelante" después de las elecciones del próximo domingo.
