miércoles 4/8/21

El Supremo verá si el Estado tiene que pagar 19 millones al Santander por la A-40

En primera instancia, la Audiencia Nacional desestimó la demanda al tratarse de una reclamación "improcedente", tras tomar como base el informe de la Abogacía del Estado
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El Supremo verá si el Estado tiene que pagar 19 millones al Santander por la A-40

El Tribunal Supremo (TS) estudiará el recurso presentado por la filial de "factoring" del Banco Santander, que solicita cerca de 19 millones de euros al Estado por la certificación final del contrato de obras de la autovía A-40 en el tramo Torrijos-Toledo.

En un auto, la sala de lo Contencioso-Administrativo admite a trámite el recurso presentado por Santander Factoring y Confirming, como beneficiaria de los derechos de cobro tras la cesión de la contratista de la obra, Corsam Corviam Construcción, cuya matriz, el Grupo Isolux, entró en concurso de acreedores en 2017.

Según relatan los magistrados, el Santander acudió a la vía judicial después de que el Ministerio de Fomento -ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- desestimase su reclamación por silencio administrativo.

En total, el importe de la certificación final del contrato de obras de la A-40 en el tramo Torrijos-Toledo emitida por Corsam Corviam a este departamento ministerial ascendía a 18,8 millones de euros.

Sin embargo, la contratista había cedido el cobro de esta cantidad a la filial del Santander en virtud del contrato de "factoring", suscrito en la primavera de 2013.

Esta fórmula otorga capacidad de financiación a los clientes a medida que van facturando, de modo que siempre que éstos tengan facturas pendientes de cobro, podrían obtener acceso a estas líneas y a otros servicios adicionales.

En primera instancia, la Audiencia Nacional desestimó la demanda al tratarse de una reclamación "improcedente", tras tomar como base el informe de la Abogacía del Estado.

La sala insistía en que para que esta cesión pudiera ser eficaz, era "imprescindible (...) la notificación fehaciente del acuerdo de cesión", un trámite que, en este caso, se habría realizado "de manera incompleta" puesto que no se comunicó su contenido a la Administración.

El Santander elevó al Supremo tal decisión al entender que ni la legislación de contratos del sector público ni el Código Civil establecen que el contrato privado de cesión de créditos entre las partes tenga que ser aportado formalmente.

Ahora los magistrados aceptan estudiar el recurso por su interés de cara a determinar si la aportación del contrato a la Administración es un requisito obligatorio, o si, por el contrario, basta con la "mera comunicación" por parte del cedente del crédito. 

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