El cálculo de las comunidades autónomas de lo que les debe el Gobierno por el concepto de las entregas a cuenta de este año asciende a más de 5.100 millones de euros, 360 millones para Castilla-La Mancha, lo que excede en 600 la cifra ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros.
El Gobierno está dispuesto a pagar a las autonomías 4.500 millones correspondientes a esas entregas, tras tener el informe favorable de la Abogacía del Estado, según anunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo que cierra de momento la polémica entre la administración central y las territoriales por un dinero que no llegaba, al estar el Ejecutivo en funciones y con los presupuestos prorrogados.
Quince comunidades, todas menos el País Vasco y Navarra, serán las beneficiarias de esta partida y Cataluña se sitúa en primer lugar, con una reclamación de 874 millones de euros, según los datos aportados a EFE por las Consejería de Hacienda de las distintas administraciones territoriales.
Precisamente fue Cataluña, cuando anunció el pasado mes de agosto que iría a los tribunales si no les abonaban el dinero de las entregas, la que activó las reclamaciones del resto de los responsables autonómicos.
A Cataluña le sigue la Junta de Andalucía, con una reclamación de 1.350 millones, de los que 837 corresponden a las entregas cuenta y el resto, a la liquidación del IVA de 2017, concepto este último que también exigen cobrar las regiones.
En la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso amplía los conceptos de deuda y a los 733 millones de entregas a cuenta suma otros 377 por liquidación del IVA y 125 por el Consorcio regional de transportes.
La Generalitat valenciana cifra en 450 millones las entregas a cuenta, en tanto que la Xunta de Galicia eleva a 330 millones por este concepto. Su presidente, Alberto Núñez Feijöo pide otros 200 millones por el IVA de diciembre y 170, como incentivos a las comunidades cumplidoras con las reglas de estabilidad financiera comprometidas por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
Aragón redondea el cálculo a 400 millones, mientras que Castilla-La Mancha sostiene que le corresponden 360 millones de euros, de los que 226 son por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta y 135 por la liquidación de la mensualidad el IVA de 2017 pendiente de recibir.
Según las cuentas de la Junta de Castilla y León, el Gobierno les debe 300 millones en entregas a cuenta y 140 por liquidación del IVA.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ya manifestó su alegría al conocer el anuncio de la ministra, recordó que al archipiélago le corresponden 223 millones por las entregas y desde las otras islas, el Gobierno balear estima en 177 millones la deuda: 99 millones por las aportaciones a cuenta y 78 por la liquidación del IVA de 2017.
Asturias cifra la cuantía en casi 200 millones de euros de los que 125 corresponden a anticipos pendientes y en torno a 72 a la liquidación del IVA del 20117.
Extremadura afirma que ha perdido 134 millones de euros este año por la no actualización de las entregas, así como 86,5 por la modificación de la normativa de la liquidación del IVA, lo que supone una pérdida total de 220,5 millones en su financiación.
Murcia reclama 148 millones por las entregas y Cantabria en unos 105, en tanto que La Rioja no da cifras porque recalcula el monto, si bien este Ejecutivo, cuando gobernaba el PP, pedía por las entregas a cuenta 89 millones.
El País Vasco y Navarra no percibirán ningún euro por este concepto debido a las especiales relaciones fiscales que mantienen con la Hacienda estatal.
