Castilla-La Mancha y regantes rechazan recortes de agua que amenazan al medio rural
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mantenido este lunes en Toledo una reunión clave con representantes de los regantes de las Demarcaciones Hidrográficas del Segura y del Júcar para analizar el impacto de la nueva planificación hidrológica 2028-2033, un marco que, según el sector, puede condicionar seriamente el futuro del regadío, la agricultura y la economía de amplias zonas de la región.
El encuentro, celebrado en un momento decisivo del proceso de planificación posterior a 2027, ha servido para trasladar al Gobierno autonómico la preocupación existente por unas propuestas que, a juicio de los regantes y de la Junta, no tienen suficientemente en cuenta las diferencias entre territorios ni la realidad de una comunidad autónoma con escasos recursos hídricos pero con un peso decisivo del sector agrario.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha explicado tras la reunión que existe “una inquietud generalizada en el sector agrario y ganadero, en el agroalimentario y en el industrial”, así como una preocupación añadida por el abastecimiento de agua a las poblaciones. En este contexto, ha defendido que, dentro del mismo marco europeo, “la realidad de cada territorio es distinta”, por lo que la planificación hidrológica debe ser justa, proporcionada y adaptada, evitando recortes automáticos y homogéneos entre cuencas.
Martínez Lizán ha subrayado además que Castilla-La Mancha apuesta por un regadío social y productivo compatible con la sostenibilidad, apoyándose en el esfuerzo ya realizado por la región. No en vano, es la segunda comunidad en superficie de regadío y una de las más eficientes, con cerca del 70 % del riego localizado, lo que demuestra —ha señalado— el aprovechamiento máximo de un recurso escaso gracias al trabajo conjunto de los regantes y de la Administración regional.
Preocupaciones comunes del sector
Durante la reunión, los representantes de las demarcaciones del Segura y del Júcar han trasladado preocupaciones coincidentes: el endurecimiento de las condiciones para el uso del agua en regadío, la incertidumbre sobre dotaciones y concesiones, el rechazo a recortes lineales, la necesidad de una planificación basada en datos reales, una cogestión efectiva entre administraciones y usuarios y el aplazamiento de la aplicación más restrictiva de la Directiva Marco del Agua.
El consejero ha reconocido que existe “malestar en un momento clave”, ya que los esquemas de temas importantes conocidos hasta ahora “dejan en muy mala situación” a una comunidad que, pese a ser seca y pobre en recursos, cede agua a otros territorios. En su opinión, esta situación obliga a trabajar para garantizar la sostenibilidad ambiental, pero también para modificar unas reglas que proyectan “nubarrones” sobre el futuro del desarrollo agronómico y agroalimentario.
El impacto en la cuenca del Segura
En el caso de la cuenca del Segura, que afecta especialmente a la provincia de Albacete, los regantes han puesto el foco en la escasez estructural de recursos. Aunque el territorio castellanomanchego representa el 25 % de la superficie de la cuenca, solo recibe el 10 % del agua, con un regadío mayoritariamente familiar y ligado a cultivos leñosos. Esta situación, advierten, coloca a los municipios dependientes del Segura en un serio riesgo socioeconómico, tanto agrario como industrial y poblacional.
Por ello, reclaman diferenciar el regadío de apoyo a leñosos, revisar los datos de las masas de agua, disponer de una red adecuada de piezómetros con información fiable, aplicar programas proporcionales y flexibles, así como compensaciones y un enfoque territorial justo.
La cuenca del Júcar y el temor a grandes recortes
La cuenca del Júcar, que afecta a Albacete y Cuenca, ha sido calificada como estratégica para Castilla-La Mancha, ya que el 71 % de su territorio pertenece a la región. En ella se concentran regadíos altamente organizados, especialmente en la Mancha Oriental. Sin embargo, existe una profunda preocupación por los recortes previstos del 35 %, por la renovación de concesiones ligadas al consumo histórico y por la existencia de reservas hídricas sin adjudicar, además de una percepción de desequilibrio territorial por las transferencias hacia la costa.
En conjunto, los representantes de ambas cuencas han pedido una cogestión real, reglas claras, flexibilidad en los planes de explotación, inversiones para sustituir bombeos y proteger los acuíferos, la materialización de las reservas hídricas previstas y incentivos por una buena gestión ambiental.
“Será la ruina para muchos pueblos”
Desde el ámbito sindical agrario, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha advertido de que la nueva planificación “es especialmente dañina” para la agricultura regional, sobre todo en lo que respecta a las aguas subterráneas. Ha recordado que cerca del 80 % del regadío de Castilla-La Mancha depende de acuíferos, muchos de ellos en déficit, por lo que las medidas planteadas suponen una amenaza directa al modelo productivo.
UPA ha trasladado ya esta preocupación a las instituciones europeas y ha pedido aplazar la aplicación más restrictiva de la Directiva Marco del Agua más allá de 2027. Las estimaciones apuntan a pérdidas de hasta 50 hectómetros cúbicos solo en Albacete, con un impacto económico cercano a los 277 millones de euros anuales, una situación que, según Morcillo, puede suponer “la ruina para muchos pueblos”.
Plataforma en defensa del agua
Por su parte, el representante de la Comunidad de Regantes La Horca-Agramón, Carlos Díaz, ha anunciado la constitución de una plataforma para defender los intereses de los usuarios frente a una relación con la Confederación Hidrográfica del Segura que, en los últimos tiempos, se ha limitado —según ha dicho— a comunicar restricciones y reducciones de concesiones. Ha recordado que el 25 % de la cuenca del Segura se sitúa en Castilla-La Mancha, aunque el consumo apenas alcanza el 10 %, y ha alertado de que la aplicación de la Directiva Marco del Agua a partir de 2027 puede provocar incluso la desaparición de concesiones.
Actualmente, la cuenca del Segura en Albacete comprende unas 70.000 hectáreas, con más de 8.000 ya adheridas a la plataforma, además de ayuntamientos preocupados por posibles problemas de abastecimiento. Díaz ha valorado positivamente la receptividad del presidente regional y del Gobierno autonómico, que han mostrado su apoyo a esta iniciativa y a la futura creación de una Junta Central de Usuarios.
El reto de la Directiva Marco del Agua
En cuanto a los próximos pasos, Julián Martínez Lizán ha explicado que el Ejecutivo autonómico está trabajando “jurídica y administrativamente” para afrontar el reto de la Directiva Marco del Agua, que en su aplicación actual —ha afirmado— está perjudicando seriamente el desarrollo futuro. En este sentido, ha avanzado que el presidente regional anunciará próximamente las actuaciones previstas.
La posición del Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por defender una normativa europea que no vacíe el medio rural, diferenciada y adaptada a cada territorio, que priorice la modernización, la reutilización y la eficiencia, refuerce la gobernanza y la cogestión con los regantes y garantice la sostenibilidad ambiental sin destruir la viabilidad económica del campo.
En este momento se encuentra abierto el proceso de alegaciones, al que tanto las comunidades de regantes como la propia Administración regional presentarán propuestas. “Esperamos que la coherencia y la razón imperen”, ha concluido el consejero, “porque mantener esta actividad es clave para generar empleo y seguir dando vida a nuestros pueblos”.