El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles, 15 de marzo, una resolución en la que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) precisa que la multa a Castilla-La Mancha a propósito del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) asciende a 33,1 millones de euros.
En total, el BOE ha publicado nueve resoluciones en las que el Mapama precisa la multa que corresponde a nueve comunidades autónomas a propósito del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP).
La cuantía de la multa comunitaria, que asciende a un total de 262,8 millones de euros, la asumirán las comunidades autónomas, según el acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de febrero.
La multa más abultada corresponde a Extremadura (79.740.309,96), seguida de la de Andalucía (69.509.696,47 euros), Castilla y León (58.030.003,90), Castilla-La Mancha (33.160.317,06), Comunidad Valenciana (4.958.450,97), Cantabria (6.417.977,68), Asturias (2.338.442,36), Aragón (441.099,01) e Islas Baleares (204.604,30).
La sanción se refiere a los pagos de las ayudas de pastos del periodo 2010/14 y se debe a que la Unión Europea considera que la extensión que tiene derecho al pago de estas subvenciones en España es menor a la declarada.
CUATRO COMUNIDADES RECURRIRÁN ANTE EL SUPREMO
Por otra parte, los gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura presentarán sendos recursos ante el Supremo contra la decisión del Gobierno de repercutirles dicha corrección financiera por inadmisibilidad de ayudas por superficie de pastos de 2011 a 2013.
Según ha informado a Efe el secretario autonómico de Agricultura de la Comunitat Valenciana, Francisco Rodríguez Mulero, estas cuatro comunidades actuarán de forma coordinada, si bien hay otras cinco regiones sancionadas.
"Tras haber agotado la fase administrativa, hemos decidido presentar de forma individual y en conjunto un recurso ante el Supremo y pedir la suspensión cautelar de esta decisión del Consejo de Ministros hasta que el Tribunal Europeo no resuelva un recurso previo del Gobierno español sobre este mismo asunto", ha explicado Rodríguez Mulero.
El origen de este asunto está en el criterio que las comunidades autónomas siguieron para la solicitud de las ayudas, que en muchos caso no se corresponden con las consideraciones de la Comisión Europea.
"Se conocen desde hace tiempo las correcciones financieras que la Comisión quería aplicar al Gobierno, y de hecho el Ejecutivo las ha recurrido, pero ha llegado el momento en el que esas correcciones ya se han de aplicar y hay que devolver el dinero a Bruselas y el Gobierno ha repercutido la responsabilidad a las comunidades autónomas porque fueron éstas las que gestionaron las solicitudes", ha agregado.
"Sin embargo, entendemos que la competencia exclusiva de transposición y coordinación de la acción de las comunidades frente a la UE es exclusiva del Gobierno, como reflejan varias sentencias del Supremo", ha explicado el secretario autonómico de Agricultura.
