El informe para la reforma del modelo de financiación autonómica elaborado por los expertos pasa este mes a examen de las comunidades autónomas e inicia un periodo de presiones y negociaciones "difíciles" para llegar a un acuerdo político e intentar ajustar el sistema a las necesidades de cada autonomía.
Así lo han expresado a Efe algunos de los autores del informe que ha sido entregado al Comité Técnico Permanente de Evaluación, formado por representantes de las comunidades de régimen general, incluida Cataluña que, sin embargo, declinó participar en el documento de los expertos.
Ahora, estos representantes de las comunidades deberán perfilar un acuerdo antes de su paso al pleno del Consejo de Política Fiscal y su remisión a las Cortes.
En declaraciones a Efe, el economista y uno de los veinte expertos designados por el Gobierno para revisar el modelo actual Ángel de la Fuente explica que este comité técnico tendrá que ir desbrozando el camino y dar "una vuelta al texto" antes de que llegue al Parlamento para su tramitación.
De la Fuente no descarta que el modelo se implemente en 2018 pero lo ve "bastante difícil" porque la negociación se prevé complicada y no es fácil que se alcance un acuerdo "a tiempo" para incluirlo en los presupuestos, que ya están en trámite.
Según el informe no vinculante de los expertos, las comunidades autónomas se dotan de más capacidad para fijar copagos, especialmente en sanidad, e instaurar un IVA colegiado, pero además proponen un gran acuerdo de Estado sobre cómo financiar el estado del bienestar.
Para De la Fuente, lo bueno del informe es que articula el esqueleto de lo que debería ser el sistema dejando abierto a la negociación las cuestiones que son de naturaleza política y no técnica.
Otro de los asuntos más importantes es negociar el grado de nivelación, es decir, "hasta dónde se igualan los recursos de las comunidades con mayor y menor renta".
De la Fuente admite que hay intereses contrapuestos que hacen difícil el acuerdo y reconoce que algunas comunidades podrían preferir que se mantenga el sistema actual.
Se refiere, dice, a las comunidades que hoy están mejor financiadas "y tienen miedo a perder con los cambios": Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Aragón, Galicia y Asturias.
También el catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y designado por Baleares, Guillem López Casasnovas, ve "probable" que se abra un tiempo de presiones entre comunidades y un "tour de force" contra la presión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que el informe se replantea.
Para Casasnovas, "el sistema era un Frankstein, se abrieron expectativas de cambio a paso de elefante y se ha parido una hormiga".
Y por ello y a expensas de cómo quede definitivamente el modelo, López Casasnovas admite que no está satisfecho porque el sistema dependerá de "la discrecionalidad del monto total de la financiación puesto a disposición de la Administración central" y de cómo se definan las variables de nivelación y qué trato se da al endeudamiento.
"Y esa discrecionalidad está en las antípodas del pacto de federalismo fiscal que yo he propuesto", dice.
Mientras, el economista experto por Galicia y catedrático de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas, ve posible que el sistema se implante en 2018 pero "hacia el verano", si bien se podría aplicar con carácter retroactivo desde enero, como se hizo en 2009.
Lago ve "lógico" que unas comunidades empeoren en términos relativos y otras, las que están en peor situación, comparativamente mejoren; pero recuerda que "cuántos más recursos adicionales suponga la reforma, más fácil será de encajar".
"Todos podrían ganar, aunque unos más que otros" admite.
Este experto coincide en que se abre un tiempo de presiones "muchas y muy intensas. Va a ser la negociación más difícil hasta la fecha".
No obstante, Lago Peña se muestra optimista con la reforma consensuada por los expertos y cree que lo conseguido hasta ahora es "valioso y útil" para la siguiente fase que se abre este mes de septiembre.
