La normativa de autoconsumo eléctrico, que prevé una serie de cargos a los usuarios conectados a la red, se enfrenta a una larga serie de recursos en los tribunales y a amenazas de derogación por parte de los partidos de la oposición.
El polémico Real Decreto de autoconsumo eléctrico, aprobado el pasado mes de octubre, prevé el pago de una serie de cargos a los usuarios conectados a la red con el objetivo de que contribuyan a sufragar los costes del sistema.
Ante las críticas recibidas desde que se planteó la normativa, hace más de dos años, el Gobierno estableció una reducción de estos cargos para los sistemas extrapeninsulares -Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla- y para los pequeños consumidores, fundamentalmente domésticos.
Sin embargo, estas reducciones no han sido suficientes para parar las críticas al denominado "impuesto al sol" mientras se encadenaban los recursos judiciales a la normativa.
Mientras el PP no menciona explícitamente este tema en su programa electoral, los principales partidos políticos de la oposición propugnan su derogación como parte de sus propuestas de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre.
El PSOE propone un marco regulatorio para el autoconsumo que "contribuya a su impulso y garantice la seguridad del suministro", centrándose en la generación a pequeña escala que permite una descentralización de la producción eléctrica, considerando que constituirá una fuente de empleo e impulso tecnológico.
Ciudadanos también habla de "eliminar cualquier traba al autoconsumo", considerando que su desarrollo y la generación distribuida es "imparable", y que la tecnología solar fotovoltaica es la más barata y modular.
En su programa, Podemos propone la derogación directa del real decreto y la aprobación de una normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico, con exención de impuestos a la energía "autoconsumida instantáneamente", una retribución justa por parte de las empresas comercializadoras por la energía vertida al sistema eléctrico y la agilización de los trámites administrativos.
Por su parte, Izquierda Unida aboga por el desarrollo del autoconsumo con balance neto -que permite vender la electricidad sobrante- y poner en marcha un plan a largo plazo con el cual, en 2050, el 100 % de la energía sería renovable.
El Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se adhirió en octubre al manifiesto de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que también reclama la derogación del Real Decreto.
Por su parte, Podemos-Murcia presentó una iniciativa de proposición de Ley de energía eléctrica renovable para el autoconsumo con el objetivo de derogar la norma estatal.
Ya en materia judicial, las patronales Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), junto a Solartys y la mencionada Plataforma por un Nuevo Modelo Energético interpusieron el pasado 10 de diciembre un recurso ante el Tribunal Supremo contra el autoconsumo.
El secretario general de Anpier, Juan Castro-Gil, indicó que la normativa va en contra de la ley de edificación, de la del sector eléctrico e incluso de la Constitución, al considerarla una norma "arbitraria".
En Cataluña, el Consell Executiu de la Generalitat acordó plantear en diciembre un requerimiento de incompetencia ante el Estado por el Real Decreto de autoconsumo de energía eléctrica, al considerar que invadía sus competencias.
En la Comunidad Valenciana, la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat anunció el día 3 de ese mes que recurriría la ley de autoconsumo por considerar que impone "una barrera económica injustificada" y "desincentiva" la puesta en marcha de estas instalaciones.
