La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el incumplimiento por parte del Gobierno de la cláusula que establecía la equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional con otros cuerpos de seguridad autonómicos, con arreglo al acuerdo firmado con el Ministerio del Interior en 2018.
Así lo ha manifestado en Toledo, el portavoz nacional de AUGC, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario general federal en Castilla-La Mancha, Francisco Javier García, y en la que ambos han lamentado que la Guardia Civil sigue siendo el cuerpo de seguridad "peor tratado por las administraciones".
Fernández ha explicado que este "acuerdo histórico" se firmó entre asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional para "eliminar la discriminación que padecen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus retribuciones, comparado con otras policías autonómicas" además de la modernización en la prestación de servicios y la mejora de las condiciones de trabajo.
"Se trata de un convenio que se iba a ejecutar en tres tramos, hasta 2020" ha indicado Fernández, de los cuales se ha incumplido el último "por la decisión unilateral del actual Gobierno en funciones" en cuestiones fundamentales como el trabajo a desarrollar por una consultora externa, para definir la cantidad total que se iba a destinar a esta equiparación salarial, con una cantidad acordada de 807 millones de euros.
Una cantidad que AUGC ha considerado "insuficiente" ya que ha sido "impuesta por el Ministerio desoyendo las estimaciones de los sindicatos", que han establecido que habría que sumar 275 millones de euros más a la Guardia Civil para cumplir con la equiparación salarial y ha recordado que la propia ejecutiva federal del PSOE en 2017, estimó destinar un total de 985 millones de euros a estos efectos.
El portavoz de la AUGC ha asegurado también que el Gobierno ha incumplido otras clausulas del acuerdo, como la que establece una serie de medidas "que ayudarían a la seguridad ciudadana", en un acuerdo que recogía la aportación de 100 millones de euros en cada uno de estos tres periodos, para que los guardias civiles que se encuentran en reserva y sin destino se pudieran reincorporar al servicio, lo que aumentaría considerablemente su plantilla.
En este sentido, Fernández ha señalado que estos efectivos se podrían incorporar en dos servicios fundamentales: uno destinado a paliar la violencia de genero, con 1.281 casos abiertos con protección policial en Castilla-La Mancha, que supone "un desbordamiento" para atender a las victimas, y otro en los centros penitenciarios, donde se reduciría el gasto público en contratos privados para atender los servicios de vigilancia.
Por otra parte, Francisco Javier García ha avanzado que la asociación va a pedir la reforma del modelo policial, con una actual ley que data del año 1986, "que necesita un modelo más económico y cohesionado", con una reorganización territorial de las unidades "que combatan la España vaciada".
Por ello, han propuesto que se unifiquen los cuarteles de la Guardia Civil, para que cuenten al menos con 40 efectivos en cada uno "que supondría la reducción de tiempos de reacción ante emergencias sociales", ya que según han detallado, Castilla-La Mancha cuenta con 239 acuartelamientos "de los cuales sólo 17 están a disposición del ciudadano, las 24 horas del día".
Por último, los representantes de la AUGC han dicho que ya han hecho llegar al Ministerio "miles de instancias refrendadas por los guardias civiles" y ha anunciado que se van a convocar concentraciones frente a instituciones en todas las comunidades, con el apoyo de agentes sociales, además de llevar a cabo "una gran manifestación" en Madrid, si el Gobierno entrante no atiende estas reivindicaciones después de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.
