La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender el acuerdo de empleo público firmado por el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, en marzo de 2017, rechazando así un recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL).
En un auto fechado el pasado 21 de mayo, la Sala explica que no se ha acreditado "la urgencia" para adoptar la medida cautelar de suspensión del acuerdo, que supondría "la suspensión de la ejecución inmediata de toda oferta de empleo público y convocatoria" contemplada en el acuerdo de 29 de marzo de 2017.
Pero el tribunal ha decidido esperar hasta escuchar a las partes, la Administración y los recurrentes, antes de adoptar cualquier medida.
El auto aclara que no se ha demostrado que si se mantiene la oferta de empleo público se perjudique "a 700.000 trabajadores", como alegaban los recurrentes, que alegaban que la suspensión "no produce perjuicio a la Administración, ya que se sigue prestando servicio por parte del personal que actualmente lo realiza"
Asimismo, explicaban que "el posible perjuicio que se le pueda causar al nuevo opositor queda garantizado, ya que las solicitudes y pago de las tasas queda en depósito de la Administración y en sus archivos".
El acuerdo afectaba a casi 350.000 trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas, tanto interinos como eventuales, estatutarios y del sector público empresarial.
Entre ellos, 130.000 trabajadores de la sanidad pública, 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes, a los que se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación.
