Piden que multa del CAP se afronte sin repercutir en agricultores y ganaderos

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que la sanción por incumplimiento del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) sea afrontada sin tocar las partidas destinadas a los agricultores y ganaderos.

La organización agraria se ha pronunciado después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por el Gobierno regional contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero, por el cual se distribuye entre las comunidades autónomas, principalmente Andalucía y Extremadura, los importes de la multa de 270 millones de euros impuesta por la Comisión Europea al Gobierno nacional.

Así pues, si las comunidades autónomas no pagan en los plazos estipulados, el Ministerio puede compensarlas a través de las ayudas procedentes del FEAGA o el FEADER para la aplicación de la PAC, es decir, las ayudas de los agricultores y ganaderos, ha alertado en nota de prensa.

El Comité Técnico de la organización agraria, que se ha reunido en Toledo, ha manifestado que la posibilidad de que la sanción repercuta en las ayudas europeas u otros fondos o partidas dirigidas al sector productor, está provocando "mucha inquietud" entre los agricultores y ganaderos castellano-manchegos.

El motivo de la penalización impuesta por la Comisión Europea al Gobierno nacional es que España no aplicó correctamente el reglamento europeo sobre los criterios para definir los pastos, ya que se consideraron admisibles a efectos de activar los derechos de pago determinadas superficies que, en función de la definición comunitaria, no podían ser pastables y aprovechables por el ganado.

Los agricultores, ha recordado la organización agraria, se han limitado a cumplir con la normativa y a declarar sus superficies tal y como se les indicó desde las administraciones, y por tanto, no deben asumir el coste de la multa que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 32,3 millones de euros.

Por ello, ASAJA ha instado a las administraciones para que encuentren una solución y ha insistido en que se defienda un sistema de pastos que incluya las características excepcionales de cada zona, con el fin de que el ganado pueda pastar, a la vez que ayuda a conservar la biodiversidad y a prevenir los incendios forestales.

UNIÓN DE UNIONES

Por su parte, Unión de Uniones de Castilla-La Mancha también ha pedido al Gobierno regional que "tranquilice" a los agricultores y ganaderos y "expresamente aclare" que no asumirán la multa.

Esta organización se lo ha pedido por escrito al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

El sindicato agrario ya remitió una carta el pasado 20 de febrero a la Consejería trasladando su preocupación por la corrección financiera impuesta por la Comisión Europea debida a errores en la aplicación por parte de las Administraciones en la admisibilidad de los pastos en los pagos de la Política Agraria Comunitaria (PAC).

También pidió información sobre cómo iba a actuar la Junta en relación a este asunto, a lo que la Consejería avanzó que recurriría por la vía del contencioso-administrativo el acuerdo del Consejo de Ministros que imputa la multa.

No obstante, advirtió de que si se obligaba a la región a pagar la sanción "traería gravísimas consecuencias económicas porque podría comprometer el abono de las ayudas de la PAC, ha recordado la organización en nota de prensa.

Unión de Uniones considera "indiferente" que se haya o no aprobado el presupuesto regional de 2017, puesto que la partida que Agricultura contemplaba para este año a la corrección financiera de estos errores era de 880.000 euros, la misma cantidad que en 2016 y que, en todo caso, es insuficiente para responder al pago de la anualidad de la sanción.

La organización no atribuye la responsabilidad última de la corrección, que será dilucidada en su caso por el Tribunal Supremo, pero ve "incuestionable" que a quien no hay que imputársela es a los agricultores y ganaderos, que se han limitado a cumplimentar sus declaraciones y solicitudes con las normas y el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) que las administraciones les han proporcionado.

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