La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha rechazado de plano las limitaciones y la inseguridad jurídica que se recogen en el último borrador publicado por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural sobre las Zonas de Especial Protección para las Aves Esteparias (ZEPA).
Así lo contemplan las esenciales alegaciones presentadas por la organización agraria, cuyo secretario general, José María Fresneda, ha calificado de "muy buenas, sobre bases jurídicas y técnicas, no demagógicas", en rueda de prensa junto a la presidenta de Asaja Toledo, Blanca Corroto.
Fresneda ha admitido que "no somos conscientes de que son las últimas alegaciones y seguimos abiertos a la negociación" y, por ello, ha vaticinado, "con toda seguridad, la semana que viene tendremos una reunión al más alto nivel para intentar cambiar" y de no mejorarse, ha advertido, "las convertiremos en recursos contencioso-administrativos, y con muchas posibilidades de ganar".
Ha confirmado que "no vamos a permitir, bajo ningún concepto, que se limite la capacidad del desarrollo de una explotación en nuestra región, que no tiene más que rendimientos bajos, no hay agua para regadíos, y que desde la Administración se condene a los agricultores a un futuro más que incierto".
"Recurriremos a todas la vías legales que pueda haber y si no hay posibilidad de mejorar nos plantearemos otro tipo de actuaciones, pero mientras entendamos que podemos conseguir cosas y mejorar la situación lo vamos a hacer", ha añadido.
Se ha opuesto "rotundamente" a las "limitaciones, porcentajes" porque "hay espacio suficiente para el desarrollo el cada parcela y que las aves esteparias tengan un espacio más que suficiente paras poder encontrar un hábitat excepcional. Es innegociable".
Además, ha tachado de "trampa" la afirmación del consejero, Francisco Martínez, de que con los planes de gestión se garantiza la seguridad jurídica: "Nadie me garantiza que un funcionario, con todos mis respetos, diga aquí si y aquí no se puede hacer un impacto medioambiental, y queremos participar para hacer viable la seguridad al agricultor en una Comisión Permanente".
Ha remarcado, así, que sea voluntaria la posibilidad de acceder o no a las ayudas porque "no le compro a nadie la copla de los 23 millones de euros" de ayudas anunciada por el consejero, excepto que "me apliquen el lucro cesante a la pérdida de patrimonio que se pueda tener con la aplicación del pan de gestión y que el valor de mi tierra se vaya por los suelos y que ni me valga para vivir".
Aquí, ha precisado que a las ayudas de 23 millones de euros del Programa de Captación Voluntaria de Agricultores sólo podrán acceder unas 20.000 hectáreas de las cerca de 250.000 que están afectadas en la ocho Zonas ZEPA en la región y que afectan en unos 70.000 agricultores de cerca de un centenar de municipios, para los cinco años que fija el Programa de Desarrollo Rural (PDR).
Fresneda ha concluido que en el último borrador que ha sacado la Consejería, el cuarto, "se fija que es obligatorio, no voluntario como nosotros pedimos, y la captación es para cereales".
Por su parte, Blanca Corroto ha considerado que, esta medida que plantea el Gobierno regional, "es una expropiación encubierta", toda vez que, ha insistido, "no todas las zonas son iguales" y, encima, "el cereal no es rentable y los jóvenes que quieran acceder buscan diversificar las explotaciones y llegar a cultivos leñosos".
Además, ha creído "injustificable" que no haya una previsión real sobre la autorización de cultivos de viñedos, olivares o almendros, entre otros, y "esté la coletilla, a la libre interpretación del funcionario, de si en una zona hay una hábitat para que nidifiquen avutardas" se impediría la producción deseada y "el agricultor no podría cumplir con su previsión".
