El reparto de los 1.443 millones del Plan de Vivienda (2018-2021) se ha aprobado este jueves con las abstenciones de cuatro comunidades socialistas (Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Extremadura), según ha informado el ministro Íñigo de la Serna que ha valorado el respaldo obtenido en la distribución territorial de recursos.
En rueda de prensa, al término de la Conferencia Sectorial, que ha reunido a responsables de vivienda de todas las comunidades autónomas, De la Serna ha asegurado que se trata del Plan "más participativo de la historia", ya que incorpora más del 80 por ciento de las sugerencias, pero también el "más ambicioso" porque se han incrementado "de manera sustancial" las ayudas al alquiler, a la rehabilitación y medidas de apoyo a la vivienda.
Según cifras aportadas por el ministro, a modo de ejemplo, Andalucía pasaría de 237 millones del anterior plan a 247; Castilla y León, de 43 a 78 millones; Cataluña, de 117 a 209; Madrid, de 128 a 229 y la Comunidad Valenciana, de 92 a 164 millones.
De la Serna ha subrayado que con este plan, también "el más social de la historia", el Gobierno presta una ayuda adicional pero respeta la competencia de las comunidades autónomas para llevar a cabo las políticas de vivienda.
A partir de ahora, las comunidades autónomas tienen una semana de plazo para trasladar los programas que quieren incluir en el convenio con el Gobierno, lo que, según el ministro, significa que se ha dado más flexibilidad a las regiones ya que podrán decidir a qué quieren dedicar más recursos.
Las comunidades que se han abstenido, como por ejemplo Castilla-La Mancha, han explicado que su posición a la hora de votar se debía a que, a su entender, el Gobierno jugaba con los números al comparar lo presupuestado con lo ejecutado.
También han dicho no compartir la cuantía aprobada y algunos de los criterios acordados para recibir las ayudas.
En su comparecencia ante los medios, De la Serna ha subrayado el "gran impacto" del plan que movilizará más de 3.000 millones de euros de inversión, cerca de 560.000 familias van a recibir una subvención y se crearán más de 60.000 puestos de trabajo.
De la Serna ha comentado la voluntad de todos para que los convenios se aprueben cuanto antes si bien ha recordado que esto "no supondrá ningún problema" dado que el plan se aplicará con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2018.
Tras el debate en el marco de la Sectorial, el titular de Fomento se ha mostrado convencido de que todas las comunidades autónomas participarán en el programa y colaborarán con el Gobierno en todos los trámites para firmar los convenios lo antes posible.
"Tengo la sensación de que todas irán con la máxima aportación posible para llegar al techo máximo" ha asegurado.
CCAA EXIGEN OTROS CRITERIOS PARA REPARTIR FONDOS
Por otra parte, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha han valorado que, finalmente, la Conferencia Sectorial haya acordado crear una comisión específica para negociar nuevos criterios de reparto de los recursos,
Estas tres comunidades han argumentado su abstención en que "salen perdiendo" con los criterios actuales y que se mantienen desde 1992, dado que no están actualizados a las problemáticas de la vivienda actual.
El consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha comentado, a modo de ejemplo, que su comunidad no está afectada por el tema de la despoblación y sin embargo sí tiene una importante problemática con el precio de la vivienda, 10 puntos por encima de la media.
En declaraciones a los periodistas al término de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Pons ha insistido en que en Baleares el precio de la vivienda es muy superior a los 600 euros mensuales y ha pedido subir las ayudas al alquiler a los 900 euros.
Por su parte, el consejero de Vertebración de Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro, ha demandado una prima para aquellas comunidades autónomas que sean capaces de ejecutar el plan en su totalidad.
Soro ha instado a que los criterios no tengan como única base la población.
En la misma línea, la consejera socialista de Castilla-La Mancha, Agustina García, ha abogado por que los criterios se marquen en función de las necesidades de cada comunidad autónoma y que se haga un reparto justo y equitativo.
García ha apuntado a criterios como la situación orográfica real de cada comunidad y ha pedido que se entienda que en Castilla-La Mancha las zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid tienen una situación diferente al resto de la región.
Entre las comunidades gobernadas por el PP, el consejero de Fomento de Castilla y León, José Luis Suárez-Quiñones, ha valorado de forma muy positiva el plan elaborado por el Gobierno.
También del PP, el consejero de Fomento de Murcia, Pedro Rivera, ha destacado el carácter social del plan que, a su entender, "pone el ojo" en los colectivos más necesitados.
