Los trabajadores del tercer sector que desempeñen sus funciones en servicios públicos verán aumentadas sus retribuciones en el mismo porcentaje en que se incrementen los salarios de los empleados públicos.
La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha realizado este anuncio este jueves durante su intervención en el pleno de las Cortes, donde se ha celebrado un debate general sobre la responsabilidad económica de la Junta de Comunidades ante los incrementos retributivos del personal del tercer sector, solicitado por el PP.
Sánchez, que ha mostrado su sorpresa por el asunto del debate -pues ha recordado que en la anterior Legislatura este tema no fue abordado ni una sola vez por el Gobierno regional- ha insistido en que el actual Ejecutivo ha incrementado en un 30 por ciento el presupuesto de las convocatorias de ayudas destinadas al tercer sector, al pasar de 38,2 millones en 2014 a 49,7 millones en 2019.
Asimismo, ha anunciado en la cámara una "iniciativa importante, pionera y avanzada", que consiste en que los profesionales del tercer sector social que gestionan servicios públicos puedan incrementar sus salarios en el mismo porcentaje que los empleados públicos, pues ha afirmado que el Gobierno regional "se ha comprometido a destinar un presupuesto" para ello.
También ha subrayado que el Ejecutivo autonómico velará por el cumplimiento de la ley, para que todos los profesionales que trabajen en el tercer sector reciban, como mínimo, el Salario Mínimo Interprofesional, que ha subido a 900 euros desde enero.
Sánchez ha señalado, asimismo, que el Gobierno regional trabaja para lograr una "administración ágil, segura y digital", con medidas de concertación que sean más fáciles, manteniendo los pagos mensuales y fomentando la administración electrónica.
Y ha recordado que el Gobierno regional tramita la ley del Tercer Sector Social, "una apuesta pionera que busca la mejora de la concertación con entidades de iniciativa social para dar estabilidad al sector y mejorar la red pública".
Por todo ello, la consejera de Bienestar Social ha resumido que el actual Gobierno regional trabaja para mejorar el bienestar en Castilla-La Mancha, donde hay 3.000 entidades sociales registradas, 255 de las cuales van a colaborar en la gestión de proyectos en la convocatoria del IRPF durante 2019.
Sin embargo, la diputada del PP en el parlamento regional Cortes Valentín ha advertido de que, en los últimos días, sindicatos y la plataforma por la dependencia han anunciado cuatro demandas judiciales contra su departamento por su gestión, al tiempo que ha aseverado que la subida del SMI "abocará a muchas entidades del tercer sector a la ruina" y ha augurado que la medida provocará despidos.
Valentín también se ha preguntado cómo tienen previsto costear la subida de los salarios de los empleados del tercer sector si no hay presupuestos de la región para 2019 y ha exigido al Gobierno regional que adopte las medidas necesarias para ayudar a las asociaciones del tercer sector a hacer frente a la subida de los salarios.
Pero el diputado socialista en las Cortes Miguel González ha recriminado sus críticas al PP, pues ha denunciado que en la anterior Legislatura se eliminaron programas de bienestar social e implantaron las denominadas "tasas de la vergüenza" que se debían abonar por revisar el grado de dependencia, por lo que ha afirmado que "la ciudadanía les conoce muy bien y sabe cuáles son sus desprecios y sus recortes".
En cambio, ha defendido que el actual Ejecutivo ha aumentado el presupuesto para el Tercer Sector y, en general, trabaja para "reconstruir" el sector.
Además, la presidenta del grupo Podemos en las Cortes, María Díaz, ha abundado en las críticas al PP por plantear esta iniciativa y les ha preguntado si creen que las entidades del tercer sector que cerraron, tras una reducción de las ayudas, "no se acuerdan de lo que hizo" el anterior Ejecutivo.
En cualquier caso, ha alertado de que la propuesta "huele a campaña electoral" y ha cuestionado el interés de los 'populares' en el tercer sector, toda vez que es la primera iniciativa relativa a este asunto que trae a las Cortes en lo que va de Legislatura.
Como consecuencia del debate general, se ha aprobado una propuesta de resolución presentada por el PSOE en la que se pone en valor la subida del SMI e insta al Gobierno regional a que garantice que todos los profesionales que directamente o en colaboración con el tercer sector social presten un servicio público cobren, como mínimo, el SMI.
También ha solicitado que se incrementen los salarios de los trabajadores del tercer sector que gestionen los servicios públicos, al menos, en la misma medida que lo hacen los de los empleados públicos, y que continúe desarrollando medidas de concertación que sean más fáciles, ágiles y seguras para todas las entidades colaboradoras.
En cambio, no ha prosperado la propuesta de resolución del PP que instaba al Gobierno regional a garantizar el presupuesto de bienestar social que permita cubrir los gastos de mantenimiento y el salario, tras las subida del SMI, y a agilizar la tramitación de nuevos conciertos de servicios sociales.
