La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar) ha considerado necesario dar un impulso a la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, una ley cumple hoy cinco años.
La presidenta nacional de Amfar, Lola Merino, ha recordado que esta ley dio respuesta a una reivindicación histórica en favor de las mujeres del sector agrario español, ya que gracias a esta norma, las mujeres de agricultores y ganaderos pueden tener sus prestaciones sociales propias y ver reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la explotación familiar agraria.
Un trabajo que hasta el 4 de octubre de 2011 era calificado de "ayuda familiar" en la explotación agraria, por la relación familiar que la mujer, en este caso la esposa, tenía con el titular de la explotación.
Para Amfar, este nuevo escenario normativo constituyó un "hito histórico", ya que supuso la creación de un marco legal y una nueva figura jurídica que permitía reconocer el trabajo "invisible" que realizaban las mujeres, así como profesionalizar su trabajo, apoyar la agricultura familiar, incentivar la participación femenina en el sector y en las organizaciones agrarias y mejorar la calidad de vida del medio rural.
Según Merino, la ley se ha encontrado con una serie de "obstáculos que dificultan" la incorporación de las mujeres rurales con la titularidad compartida de la explotación agraria.
En su opinión, se dan dos problemas esenciales, por una parte, la falta de información, ya que a su modo de ver "son muy pocas las mujeres que conocen esta nueva legislación y las repercusiones económicas que tendrían para ellas", y por otra, "la gran diversidad de normativa regional y la poca implicación de las comunidades autónomas, que han permitido que esta ley quede en el fondo del cajón sin que beneficie a las mujeres del campo".
En este sentido, ha apuntado que aún hay dos comunidades autónomas en las que no es posible la Titularidad Compartida como es el caso de Canarias y Madrid; frente a otras regiones en las que sí existe, pero con requisitos y beneficios "muy diferentes".
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a fecha 1 de agosto de 2016, indican que en cinco años sólo 200 mujeres se han dado de alta en España en la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias.
Casi la mitad de ellas (90) pertenecen a Castilla y León y 54 a Castilla-La Mancha, lo que, a su modo de ver, evidencia que la implantación en el resto de las comunidades "ha sido prácticamente insignificante".
