Más de 29.000 familias en apuros podrán seguir viviendo en sus casas aunque no hayan podido pagar sus hipotecas, según las previsiones del Gobierno, que este martes ha prorrogado hasta 2024 la suspensión de los desahucios en los colectivos más vulnerables.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito económico que refuerza la protección a colectivos vulnerables en riesgo de desahucio hipotecario.
Según ha explicado en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero, el Gobierno está intentando atender a una realidad social, porque aunque la recuperación económica se empieza a notar en las familias, no alcanza a muchas de ellas.
Desde 2013, impulsado por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, la banca española dejó de desahuciar a las familias en apuros, y ahora el Ejecutivo amplía esa paralización de los desalojos tras el impago de las hipotecas hasta 2024.
Además, el Gobierno amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los titulares de la hipoteca en paro o familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan las familias monoparentales con un solo hijo como beneficiarios de la suspensión de los desahucios.
Se establece también que el nivel de ingresos familiares máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos, explica el Ministerio de Asuntos Económicos en un comunicado.
La paralización de los desahucios hipotecarios hasta 2024 en el caso de las familias más vulnerables se esperaba desde que este lunes el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo avanzara en sus redes sociales, destacando que cumplía con las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Aunque el sector financiero español en su conjunto se comprometió a no llevar a cabo desahucios de familias de su primera vivienda tras el impago de la hipoteca desde 2012, se han seguido produciendo numerosos desalojos derivados de no pagar alquileres.
Por eso el Gobierno firmará en los próximos meses un nuevo acuerdo para tomar medidas concretas que frenen los desahucios por impago del alquiler, que ya son la mayoría de los que se producen.
Para conseguirlo, el Ejecutivo ampliará la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado y en caso de que tengan relación con fondos buitres, que hacen negocio con un derecho básico.
Al margen de la paralización de los desahucios aprobada hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que permitirá a Sareb continuar la labor que está desarrollando desde 2013, sin que el consumo de sus recursos propios provoque su disolución.
La ministra portavoz ha explicado que está modificación está motivada por la “propia naturaleza de Sareb”, a la que no es aplicable la causa de disolución por reducción de patrimonio neto.
Esta cambio permitirá que Sareb, en su día más conocida como banco malo, continúe con sus funciones con normalidad hasta el fin de su mandato, en 2027, contribuyendo a obtener el máximo valor de la venta de la cartera de activos que recibió en 2012, así como de otras iniciativas como la promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 10.000 pisos.
El real decreto-ley amplía también los tipos de entidades financieras que pueden solicitar su transformación en bancos, incluyendo a las sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea.
Para el departamento que dirige Nadia Calviño, esto mejorará la competitividad de la economía española.
