El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha es "un ejemplo de adaptación a la Ley de la Cadena Alimentaria", lo que se ha traducido en que el año pasado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) solo impuso 4 sanciones a bodegas con sede social en esta comunidad.
Así lo ha resaltado el director general de dicho organismo, José Miguel Herrero, que ha presentado este martes en Toledo el balance de actuaciones de 2017 en España y Castilla-La Mancha, así como los planes de actuación previstos para el presente ejercicio.
Herrero ha recordado que la AICA tiene como misión la vigilancia del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, una norma aprobada en 2013 y que entró en vigor en 2014 y que introdujo "unas reglas de juego claras" en las relaciones comerciales entre productores, industria y distribución, además de un régimen sancionador contra las malas prácticas que se venían dando en la cadena alimentaria.
Entre dichas malas prácticas, Herrero ha destacado la "venta a resultas", o lo que es lo mismo, entregar el producto sin la existencia de un contrato firmado en el que se establezca un precio y pagar el producto superados los 30 días de su entrega.
Y, en este contexto, ha resaltado el "gran esfuerzo" realizado por el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha para ajustarse a la ley, como demuestra que, en menos de un año, concretamente en la campaña de 2015, la práctica del contrato estaba ya generalizada y se cumplía con el plazo de cobro marcado por la ley: 30 días para productos frescos y perecederos y 60 para el resto de alimentos.
En este punto ha resaltado que Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma donde se han llevado a cabo más inspecciones de oficio en el sector vitivinícola por parte de AICA, casi la mitad de las realizadas en España.
Y ha detallado que las 287 inspecciones realizadas en este sector representan el 43 % de las inspecciones realizadas a nivel nacional y un 67 por ciento de todas las inspecciones realizadas por AICA en Castilla-La Mancha (425).
En cuanto al bajo número de sanciones impuestas en Castilla-La Mancha durante 2017, un total de 8 (4 a bodegas, 2 a industrias de distribución y otras 2 a mayoristas), Herrero ha puntualizado que hay que tener en cuenta que varias de las inspecciones realizadas en esta región derivan en sanciones en otras comunidades autónomas donde las empresas tienen sus sedes sociales.
Y ha detallado que la mayoría de las sanciones impuestas en el sector vitivinícola se impusieron por incumplir los plazos de pago.
Tras el vitivinícola, el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios ha resaltado que el sector del aceite es el segundo en número de inspecciones y ha resaltado también la importante investigación llevada a cabo en el sector de cereales, frutas y hortalizas y el lácteo, de modo que Castilla-La Mancha "ha sido la región se han hecho más inspecciones en más sectores".
En cuanto a los objetivos para este año, Herrero ha indicado que el sector vitivinícola seguirá siendo "prioritario", por lo que se continuará vigilando atentamente las entregas de uva a las bodegas de Castilla-La Mancha para comprobar que se firman contratos por escrito y que se cumplen los plazos de pago marcados.
Además, se seguirá insistiendo en la cuestión de la morosidad para lo que se investigará los plazos de pago entre los distribuidores y las bodegas y también entre las empresas lácteas y los ganaderos, y, de cara al verano, se llevará a cabo una campaña especial en el sector del melón y la sandía.
A este respecto, el director general de AICA ha detallado, a preguntas de los periodistas, que el sector de frutas y hortalizas es objeto de un importante control desde 2014, "pero el año pasado se recibió una carta de la Consejería de Agricultura sobre la posible existencia de malas prácticas" en el melón y la sandía, por lo que se va incidir en estos productos.
En clave nacional, Herrero ha señalado que, durante 2017, AICA ha realizado 1.882 inspecciones de oficio de las 3.669 llevadas a cabo desde el comienzo de su actividad inspectora en 2014.
Ha resaltado igualmente que los controles de los cuatro últimos años han dado como resultado 922 sanciones por un importe superior a los 9,2 millones de euros y ha remarcado que sólo el pasado año se impusieron 573, el 62 por ciento de la cifra total.
Por eslabón de la cadena, la industria alimentaria concentra 424 de las sanciones impuestas, una cifra similar a la suma de las de la distribución mayorista (232) y la distribución minorista (248).
Por sectores, frutas y hortalizas con 287 sanciones, y lácteo con 265, son los más sancionados, mientras que por tipo de infracción, el incumplimiento de los plazos de pago es en el 44 % de los casos el motivo más frecuente de sanción, seguido de la reincidencia al cometer más de una infracción y la ausencia de contratos.
