Profundizar y reforzar la reforma laboral de 2012 será prioridad para el PP en la ofensiva económica que prepara en el Congreso para rebatir los cambios que el nuevo Ejecutivo de coalición pretende llevar a cabo en el mercado laboral o en el sistema fiscal.
El grupo parlamentario del PP registrará en los próximos días una batería de iniciativas fiscales para suprimir varios impuestos, como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones y avanza que también instará una nueva ley de segunda oportunidad y de morosidad para penalizar a las administraciones que incumplan los plazos legales de pago a sus proveedores.
"La parálisis gubernamental ha condenado a un debilitamiento de la economía española muy superior al del resto de países de la zona euro y seremos muy beligerantes desde el punto de vista económico en el Congreso", señala el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP y coordinador de los asuntos económicos, Mario Garcés, en una entrevista con EFE.
De momento, la última iniciativa registrada trata de evitar la derogación de la reforma laboral del PP, que ha empezado a negociar el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos y que persigue hacer prevalecer los convenios sectoriales sobre los de empresa y no limitar la ultraactividad de los convenios cuando decaen.
Garcés considera que "el convenio de empresa permite adaptarse mejor a las especificidades del mercado laboral sin restar derechos laborales" e insiste en que hay que ahondar en la flexibilidad interna para que los empleadores puedan tener instrumentos para "ordenar sus contrataciones en un entorno seguro y estable".
"Creemos que un marco jurídico laboral rígido va a perturbar el empleo", afirma, en tanto que el texto de la proposición no de ley registrada en el Congreso señala que hay que potenciar la movilidad o modificar las condiciones de trabajo como alternativa al despido.
El PP también insta a penalizar el encadenamiento de contratos temporales y reconoce que en este punto puede haber "encuentro" con el PSOE.
"Estamos dispuestos a analizar cualquier evolución normativa, pero la simplificación de contratos a la que quiere llegar el PSOE es contraproducente", explica Garcés.
El líder del PP, Pablo Casado, está dando cuenta de su ofensiva económica parlamentaria a empresarios y autónomos y así al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, le ha comunicado que el mantenimiento de la reforma laboral es "hoy más que nunca vital para la creación de puestos de trabajo".
Las próximas iniciativas que registrará el PP y que tendrán carácter de propuestas de ley serán la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, del impuesto de patrimonio y de actos jurídicos documentados, compensando a las comunidades autónomas por su pérdida de ingresos, ya que estos impuestos están cedidos.
"Son impuestos anacrónicos, con poco impacto fiscal", afirma Garcés, que deja clara la oposición frontal que hará su partido a la pretensión del Gobierno de incrementar el IRPF a las rentas altas y de implantar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades para la banca y empresas de hidrocarburos.
El diputado advierte de que "la teoría de la justicia redistributiva del PSOE no se corresponde con cómo juegan los actores fiscales en los mercados" y avanza que los Presupuestos tendrán garantizados una enmienda a la totalidad del PP si contienen estas medidas y un aumento de gasto público "imposible de compensar con la recaudación".
Otras propuestas del PP en esta legislatura serán crear incentivos fiscales para empresas altamente innovadoras o para investigadores de alta cualificación, eliminar las tasas específicas que gravan el sector turístico, y extender la tarifa plana para los autónomos durante dos años y tres para emprendedores de zonas rurales.
El PP también se opondrá radicalmente a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha vuelto al Congreso de la mano del PSOE para evitar que el Senado pueda vetar una senda de déficit cuando ha sido aprobada por la mayoría del Congreso.
Garcés, que contribuyó a la redacción de esta ley en el 2000, cree que es "fundamental" el papel de control del Senado puesto que en la ley de estabilidad están los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, presentes en la Cámara Alta.
El grupo parlamentario popular también avisa de que estará "muy vigilante" con las obligaciones del Estado ante las corporaciones locales y autonómicas.
