El Gobierno de Castilla-La Mancha y los agricultores han pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que el nuevo plan hidrológico de la cuenca incluya un artículo que permita dar forma legal a las concesiones de pozos para agricultores a título principal (ATP) y explotaciones prioritarias.
Han formulado esta petición en una reunión tripartita que han mantenido representantes de la Confederación del Guadiana (entre ellos su presidente, Samuel Moraleda) del Gobierno regional, representado por el director general de Desarrollo Rural, y de la Asociación de Afectados por la No Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y ATP, para buscar "la solución definitiva" a los pozos de riego de las explotaciones prioritarias.
En una nota de prensa, la asociación de afectados ha indicado este lunes que los representantes del Gobierno regional y de los agricultores han demandado que se introduzca este artículo en el nuevo Plan Hidrológico del Guadiana, que saldrá a información pública en los próximos días, que permita dar forma legal a las concesiones de pozos de ATP y explotaciones prioritarias, que están pendientes de resolución definitiva desde el año 2008.
Y también han solicitado a los responsables del organismo de cuenca una moratoria de las sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la resolución final de estos expedientes.
Por su parte, Samuel Moraleda explicó que se está buscando un marco jurídico que pueda dar solución a esta cuestión, aunque admitió que no tiene claro que pueda concretarse, ante lo que los representantes de los agricultores y de la Administración autonómica advirtieron que en ese supuesto estarían obligados a recurrir el plan, ha señalado la Asociación por la Legalización de Pozos de Agricultores a Título Principal y Explotaciones Prioritarias.
La asociación está constituida por agricultores de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, para reclamar de las administraciones competentes la solución a un problema que se vienen arrastrando desde el 2008, cuando estos agricultores profesionales, cuyos ingresos provienen exclusivamente del trabajo en sus explotaciones, acudieron a un concurso publicado por el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG).
Asimismo, ha recordado que la finalidad era que se dotase de concesión todos los pozos que se encontraban sin ella dentro del antiguo Acuífero 23, para lo que se creó el Consorcio del Alto Guadiana encargado de recibir las solicitudes y emitir su informe a la CHG.
Posteriormente, en 2013, con la derogación del Consorcio del Alto Guadiana, quedaron regularizados todos los expedientes de cultivos leñosos , unos 4.500, pero quedaron pendientes todos los de agricultores profesionales (unos 1.400) que corresponden a los agricultores que necesitan de sus pozos, por ser la agricultura su única fuente de ingresos, ha añadido.
