Las bajas existencias de agua embalsada, la reducción del trasvase Tajo-Segura y la subida del precio del agua desalada marcan el inicio del año tras un 2022 con bajas producciones por la sequía y las altas temperaturas en el que el Gobierno anunció grandes inversiones para modernizar regadíos.
Nunca llueve a gusto de todos, pero en el campo español las precipitaciones y la disponibilidad de agua son cruciales para la viabilidad de las casi 3,9 millones de hectáreas de cultivos en regadío que existen y que suponen el 23 % de la superficie total agraria.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dejó bien claro en octubre pasado que "el impulso de un regadío sostenible y eficiente es una prioridad para el Gobierno de España"; ese mes anunció la puesta en marcha de la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío.
En la reunión de constitución de la Mesa, el pasado 15 de diciembre, Planas anunció que la Ley de la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) 2023/27 -publicada el 24 de diciembre- incluiría una disposición adicional para permitir la doble potencia eléctrica para los regantes en 2023.
Esa era una "reivindicación histórica" del colectivo dedicado a la agricultura de regadío que, según el secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Juan Valero de Palma, debería extenderse al menos hasta marzo de 2024 y a la que solo una pequeña parte de los regantes van a poder acogerse este año.
La partida estrella del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es la destinada a actuaciones para la modernización y transformación en regadíos, que tiene un presupuesto de 563 millones de euros hasta 2026.
Si a este paquete se suman las inversiones procedentes del convenio ordinario entre el MAPA y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), el Perte Agroalimentario y las aportaciones de las comunidades de regantes, la suma alcanza los 2.130 millones de euros en el periodo 2021/27.
Pero esta apuesta ministerial choca, según los productores del Levante y no de los castellano-manchegos, con la procedente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), encargado de gestionar toda la política hidrológica.
El próximo 11 de enero el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), el Círculo por el Agua de Murcia, Alicante y Almería -que incluyen a organizaciones agrarias, empresarios, regantes, cooperativas, colegios profesionales y universidades- se manifestarán frente a las puertas del Miteco.
Según el presidente de Scrats, Lucas Jiménez, la decisión de aumentar los caudales ecológicos del Tajo por Aranjuez (Madrid) y de recortar el volumen trasvasado hacia estas provincias mediterráneas puede provocar el despido de 15.000 personas en el sector agrario y la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo.
A su juicio, la titular del Miteco, Teresa Ribera, "miente" cuando dice que "el Tajo en su cabecera tiene un serio problema de equilibrio ambiental".
Asaja Alicante va más allá y esta semana ha pedido su "cese inmediato" por querer "consumar el fin del trasvase Tajo-Segura sin un informe técnico ni medioambiental" que avale que haya que aumentar el caudal ecológico en el Alto Tajo.
Para los regantes del Levante, sustituir el agua del trasvase por agua desalada de forma generalizada es inviable para un pequeño agricultor, y más ahora que ha finalizado la subvención a la que estaba sujeta la compra de esta última al expirar el decreto ley de sequía.
El metro cúbico (mil litros) de agua de trasvase ronda los 25 céntimos, mientras que el precio del agua desalada cuesta unas cuatro veces más, según los regantes.
Ribera ha anunciado esta semana que su departamento ultima un nuevo decreto transitorio para afrontar el precio del agua desalada que llevará al Consejo de Ministros "a la mayor brevedad posible".
El Consejo de Ministros, también previsiblemente, aprobará a finales de enero o principios de febrero, según fuentes del sector agrario, los nuevos planes hidrológicos de las cuencas españolas, pero antes el Consejo de Estado tendrá que revisar las alegaciones que tanto el Gobierno valenciano como el murciano han anunciado esta semana que van a presentar en defensa del Trasvase Tajo-Segura.
