Castilla-La Mancha creará un Banco de Tierras con el patrimonio de las Cámaras Agrarias

Por otra parte, los viticultores de Castilla-La Mancha entregarán las uvas con un código QR
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presidido por videoconferencia y desde la Consejería, la reunión del Consejo Agrario de Castilla-La Mancha, donde se analizan los fondos europeos para el sector
photo_camera El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha presidido por videoconferencia y desde la Consejería, la reunión del Consejo Agrario de Castilla-La Mancha, donde se analizan los fondos europeos para el sector

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a crear un Banco Público de Tierras, para facilitar la incorporación de jóvenes que no las tengan en propiedad a la actividad agraria, con el patrimonio rústico de las Cámaras Agrarias, que van a extinguirse a través de un anteproyecto de ley que elabora el Ejecutivo autonómico.

Es una de las medidas que se plantean en el anteproyecto de ley de extinción de las Cámaras Agrarias, que el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, espera que pueda ser presentado antes del verano a las Cortes regionales, y que ha sido analizado en la reunión que ha celebrado este jueves el Consejo Agrario de Castilla-La Mancha.

Martínez Arroyo ha recordado que las Cámaras Agrarias eran los órganos de representación de agricultores y ganaderos, que hoy en día no tienen ninguna utilidad, puesto que están en desuso desde existen las organizaciones profesionales agrarias (OPAS).

Para resolver este déficit normativo que había en Castilla-La Mancha se ha elaborado este anteproyecto de ley, con el que están de acuerdo las tres OPAS que están en el Consejo Agrario (Asaja, UPA y COAG), que básicamente establece qué se hace con el patrimonio que tenían las Cámaras Agrarias, tanto inmobiliario como dinerario, ha explicado el titular de Agricultura.

Así, a partir de la aprobación de la ley, será la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que se encargará de la gestión de este patrimonio, con la premisa de que se utilice siempre para fines exclusivamente agrarios.

En el caso del patrimonio inmobiliario, se podrá ceder el uso o la propiedad a las organizaciones profesionales agrarias o los ayuntamientos, siempre que lo destinen a un uso relacionado con la agricultura o la ganadería.

A su vez, la Junta de Comunidades se hará cargo de todo el patrimonio dinerario, que se destinará en su totalidad a inversiones en infraestructuras rurales en las provincias en las que se ha generado, fundamentalmente en caminos rurales, para lo cual la Consejería de Agricultura está negociando ya con las OPAS.

Y dentro del patrimonio inmobiliario hay un patrimonio rústico, que será el germen del futuro Banco de Tierras Público de Castilla-La Mancha, cuya finalidad será facilitar la incorporación a la actividad agraria de jóvenes que no tengan tierras en propiedad.

Se trata de una demanda histórica del sector, que se va a atender aprovechando la ley de extinción de Cámaras Agrarias, ha señalado Martínez Arroyo, que ha aclarado que no se conoce el dato concreto de la cantidad de tierras que tendrá este banco público.

Será preciso que determinarlo provincia a provincia, para lo cual se van a crear unas comisiones liquidadoras en cada una de las cinco provincias de la región, en las que estarán presentes las tres OPAs y en las cuales se presentará el patrimonio neto de cada cámara, que en algunos casos será positivo y en otros negativo, porque puede haber deudas.

Como administración competente en materia de agricultura, la Junta de Comunidades asumirá la obligación de gestionar el patrimonio y darle un uso agrario, y lo va a hacer a través de las OPAS "a las que se le va a dar todo el uso y toda la propiedad siempre que sea posible", ha asegurado el consejero de Agricultura.

En este sentido, ha subrayado que la Junta de Comunidades no quiere tener más patrimonio inmobiliario, sino "todo lo contrario", y por lo tanto ésta "es una solución intermedia para que finalmente sean las organizaciones agrarias las que lo tengan".

Solo conservará en forma de banco de tierra el patrimonio rústico, que se pondrá a disposición de jóvenes para poder acceder al campo, ha apuntado Martínez Arroyo, porque en muchas ocasiones, los que no vienen de una tradición familiar agraria no tienen tierra disponible y no pueden incorporarse a la agricultura.

CÓDIGO QR EN LA ENTREGA DE LA UVA

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha va elaborar un plan de digitalización del sector vitivinícola, que incluirá la creación de un código QR para que los viticultores puedan entregar las uvas en la bodega a través de su teléfono móvil, lo que mejorará la trazabilidad del producto.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural se ha comprometido a la elaboración de este plan de digitalización en la reunión que ha celebrado este jueves el Consejo Agrario de Castilla-La Mancha.

Martínez Arroyo ha explicado que este plan de digitalización se va a perfilar de forma paralela a la tramitación de la ley del Vino en la que está trabajando el Gobierno regional, y ha avanzado que va a permitir que cualquier viticultor de Castilla-La Mancha, pueda entregar la uva en la bodega a través de un código QR instalado en su teléfono móvil.

Supondrá "un cambio absoluto" en la relación del viticultor con la bodega y de la bodega con la Administración, ya que el planteamiento es que todo se haga por vía digital, lo cual da una garantía de trazabilidad todavía mayor a la que ya existe, y adecúa la gestión "a la que debe existir en estos tiempos", ha añadido el titular de Agricultura.

A preguntas de los periodistas, y aunque ha aclarado que no lo sabe con exactitud, el consejero ha dicho que es probable que sea la primera comunidad autónoma en la que se pondrá en marcha este sistema de código QR, que seguirá manteniendo a Castilla-La Mancha como una referencia en el mundo del vino, porque es la que tiene un mayor número de viticultores.

En este caso, este nuevo sistema va a beneficiar directamente a unos 85.000 viticultores en Castilla-La Mancha", ha apuntado Martínez Arroyo.

También en relación al sector vitivinícola, Martínez Arroyo ha animado a OPAS y a cooperativas a que sigan trabajando para que el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, que se celebra el próximo 26 de abril, acuerde la puesta en marcha de recursos extraordinarios en los mecanismos de mercado, ante la situación de dificultad que vive el sector del vino.

Martínez Arroyo ha recordado que el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowsky, se ha comprometido a que el próximo Consejo de Ministros aborde de nuevo este asunto, tras el planteamiento que ha hecho España en la reunión que ha mantenido esta semana este gabinete ministerial comunitario.

Por otra parten el consejero ha explicado que el Consejo Agrario ha acordado la ampliación del plazo de la PAC para los agricultores, que ordinariamente finaliza el 30 de abril, hasta el 15 de mayo de este año, con el fin de facilitar la gestión de las OPAS.

Es una decisión que corresponde al Gobierno de Castilla-La Mancha "pero la damos por adoptada con el acuerdo del Consejo Agrario de este jueves", ha subrayado el titular de Agricultura.

Además, ha trasladado a los miembros del Consejo Agrario que Castilla-La Mancha va a apoyar que en la nueva Política Agraria Común (PAC) haya una condicionalidad laboral, de forma que no puedan cobrar las ayudas los empresarios que vulneren los derechos de los trabajadores.

Y ha advertido que el Gobierno regional va a ser "extraordinariamente contundente" en este planteamiento, porque según ha manifestado "está por delante el cumplimiento de los derechos laborales y humanos por encima del cobro de la PAC". 

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