Las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón proponen que en la nueva Política Agraria Común (PAC) solo haya en España seis regiones agronómicas en vez de las 52 que hay actualmente, así como que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, para que en 2023 no haya ya derechos históricos.
Son dos de las cuestiones que se incluyen en un decálogo que han suscrito este viernes en Toledo los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón, Francisco Martínez Arroyo y Joaquín Olona, respectivamente, de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que trasladarán al ministro del ramo, Luis Planas, y a otras comunidades autónomas.
El decálogo consta de diez puntos, entre los que figura rebajar drásticamente el número de regiones agronómicas en España, de forma que bajen de las 52 que hay actualmente a solo seis, siguiendo la línea del resto de Estados miembros de la UE, en los que hay una o dos regiones productivas por cada país.
Su propuesta es que en España haya seis regiones agronómicas, que serían las de herbáceos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío, pastos y pastizales, ha detallado Martínez Arroyo a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa posterior a la firma del decálogo.
Asimismo, las dos comunidades proponen que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, de forna que a partir de 2023 se supriman de forma completa y definitiva los derechos individuales y las referencias históricas, para propiciar que un agricultor cobre lo mismo por hectárea con independencia de dónde tenga la explotación, en la línea de lo que está planteando el propio Planas.
Se trata de que "todos los agricultores cobren lo mismo por hacer lo mismo, que se acabe con esas diferencias enormes", ha explicado Olona.
Los dos consejeros han destacado que el planteamiento general es propiciar que la reforma de la PAC y su aplicación en España favorezca la renta de los agricultores profesionales en el marco del modelo familiar agrario, que deben de ser los más beneficiados de la redistribución de fondos que debe de llevarse a cabo.
Martínez Arroyo ha dicho que "entendemos que estamos ante una oportunidad histórica de apoyar a esa agricultura familiar y profesional", por lo que plantean que solo haya una diferencia "la de explotaciones profesionales con respecto al resto", en tanto que Olona ha puntualizado: "Queremos que los profesionales cobren más, pero no estamos excluyendo a nadie".
En este sentido, en el decálogo propungnan por que haya una ayuda redistributiva a repartir entre los agricultores profesionales, cuyas rentas provengan en más de un 50 por ciento de la agricultura, que reciban menos de 60.000 euros de ayudas desacopladas y que estén afiliados a la Seguridad Social como agricultor genuino plus.
También plantean que se maximicen los fondos destinados a las ayudas asociadas a la ganadería extensiva con pastoreo (ovino, vacuno y vaca nodriza), porque consideran que es un sector con una importante brecha de renta, muy vinculado a los territorios más frágiles y en el que es difícil aplicar las ayudas desacopladas por hectárea.
En esta línea, también abogan por que se garantice que los eco-esquemas reviertan en beneficio del modelo familiar y profesional agrario, por la importancia económica de estas intervenciones en el ámbito de las ayudas directas.
Otro de los puntos importantes del decálogo es el de incrementar en un 5 por ciento los pagos directos a las mujeres que tengan la condición de agricultura genuina plus, así como aumentar también en un 5 por ciento la ayuda complementaria destinada a las jóvenes que tengan derecho a percibirla.
Además, proponen que no reciban ayudas PAC los titulares que no cumplan la normativa en materia laboral, así como que se garantice el 'segundo pilar' como política de apoyo a la mejora de las estructuras agroalimentarias orientada a la competitividad, y que las organizaciones de productores, y sus correspondientes programas operativos, se centre en la concentración de la oferta procedente de explotaciones familiares.
Y como décimo punto del decálogo, Castilla-La Mancha y Aragón defienden que las líneas del Programa de Desarrollo Rural sean decididas y ejecutadas por las comunidades autónomas.
TRASVASE TAJO-SEGURA
Por otra parte, el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ha calificado de muy positivo que se reduzca la cantidad a trasvasar desde la cabecera del Tajo, que supone que por primera vez en años se avance hacia el objetivo de consolidar el caudal ecológico del río.
A preguntas de los periodistas, ha valorado que se reduzca el agua a trasvasar desde el Tajo de 38 hectómetros cúbicos a 27 hectómetros cúbicos, cuando los embalses de cabecera estén en nivel 2 de alerta, y ha agradecido el compromiso del Gobierno de España, porque según ha asegurado "hubo otro Gobierno que no fue capaz de tomar esa decisión".
En este sentido, ha recordado que este jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se refirió a la decisión que tomó Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, de establecer los 38 hectómetros cúbicos, a pesar de que el informe elaborado por los técnicos establecía que cuando los pantanos estuvieran en nivel 2 la cantidad máxima a trasvasar sería de 27 hectómetros cúbicos.
A pesar de ello, en el real decreto se estableció que se podían trasvasar hasta 38 hectómetros cúbicos, "modificando el informe técnico de los propios funcionarios de la casa", ha señalado Martínez Arroyo.
Al respecto, ha aclarado que "lo que se hace ahora es seguir el criterio técnico, que va en la línea de la consolidación del caudal ecológico en el río Tajo, que es en lo que estamos absolutamente comprometidos desde Castilla-La Mancha, y me consta que también desde el Ministerio para la Transición Ecológica".
Y ha añadido: "Estoy convencido de que vamos a seguir avanzando, se avanza despacio, a mí me gustaría que se avanzara más rápido, pero por primera vez en muchos años se avanza, sobre todo porque hay coordinación y coincidencia", así como "ganas de resolver los problemas de los ciudadanos", los de todos "también de los de la España interior".
En este sentido, ha dicho que materia de agua el Gobierno de Castilla-La Mancha está actuando "con una coherencia extrema" desde 2015, ya que se está oponiendo a que haya trasvases para regadío, no así para el consumo
Según Martínez Arroyo, en este ámbito "hemos sido muy solidarios, somos la única comunidad autónoma de España que solidariamente cede agua para consumo en otra, y entendemos que es necesario".
Pero para el regadío no lo es, ha considerado el titular de Agricultura, que en referencia a las desaladoras, ha recordado que "se construyeron infraestructuras públicas, que se hicieron precisamente para su utilización en el regadío y lo que hay que hacer es ponerlas en marcha, y los regantes de Levante, los que utilicen ese agua deben de pagar su coste, lógicamente".
Es una cuestión "de sentido común, no es una cosa especialmente extraña", ha manifestado Martínez Arroyo, que ha reiterado que "nosotros queremos que haya agricultura en el Levante, es muy importante para nuestro país", a tiempo que ha asegurado que en est zona hay agricultores que no tienen acceso a este agua "y que de alguna manera se sienten reconocidos en el mensaje que yo intento trasladar, de apoyo a un modelo de agricultura sostenible y distinto".
Ha insistido en que el modelo de la huerta del Levante "ha sido exitoso para el país y hay que mantenerlo", pero también ha recalcado que "para eso están las desaladoras", por lo que el travase Tajo-Segura se debe de usar exclusivamente para cuando haya necesidades de consumo de agua.
Al respecto, Joaquín Olona ha comentado que tanto en el Estatuto de Autonomía aragonés como en la Ley de Aguas y Ríos se establece la obligatoriedad de oponerse a cualquier tipo de trasvase.
Olona ha admitido que este planteamiento supone para los aragoneses "la pesada carga" de que se les considere insolidarios, cuando no es así, ya que entienden que el agua les es necesaria resolver las graves deficiencias que hay en la comunidad autónoma aragonesa en materia hidríca.
APOYO AL MAZAPÁN DE TOLEDO
Al término del encuentro, ambos representantes se han desplazado hasta el obrador de mazapán de Santo Tomé, una empresa familiar con más de 160 años de trayectoria y que es referencia mundial en la producción de mazapán, estando certificada para la comercialización de la IGP Mazapán de Toledo. En 2020 fabricó 47 toneladas de mazapán y unas 54 toneladas de otros productos de pastelería. Este producto de calidad diferenciada contará con una categoría en la XXXII edición de los Premios Gran Selección de Castilla-La Mancha, los más antiguos de la región.
