Las autoridades de Andalucía y Castilla-La Mancha no facilitaron a los auditores europeos ninguna información sobre cómo controlan el uso ilegal del agua en la agricultura y si penalizan esas prácticas, según un informe publicado este martes por el Tribunal europeo de Cuentas.
"No nos facilitaron ninguna información sobre si detectan y sancionan el uso ilegal del agua y cómo lo hacen", indicaron fuentes del tribunal.
El estudio se refiere, no obstante, a "varios proyectos de investigación que han estudiado el potencial de las imágenes por satélite para detectar la captación no autorizada de agua".
Y en ese contexto, explica que el acuífero español de la Mancha Oriental "constituye un buen ejemplo de plan de explotación de larga duración" basado en la autorregulación.
"La junta local de regantes controla y gestiona la captación de aguas subterráneas utilizando datos obtenidos por satélite junto con caudalímetros instalados sobre el terreno", señala.
El informe, llevado a cabo entre abril y diciembre de 2020, parte de que entre el 20 y el 40 % de las masas de agua en España están sometidas a una presión importante al ser captadas para su uso en la agricultura.
La situación está muy extendida en la UE, donde la agricultura es responsable del 24 % de la captación de aguas.
Según el informe, que estudió la situación en España, Alemania, Chipre, Italia, Bulgaria, Bélgica, Francia, Grecia, Hungría y Portugal, en los últimos treinta años se ha logrado reducir la presión gracias a un uso más eficiente de los recursos.
El uso de agua con fines agrícolas en los Veintisiete ha disminuido en un 28 % desde 1990, pero en la década de 2010 "las mejoras adicionales fueron modestas y las presiones siguen en niveles insostenibles".
Entre otras conclusiones, los auditores señalan que la ayuda a la renta de la PAC no promueve el uso eficiente ni la retención del agua, al no imponer obligaciones a los agricultores respecto al uso sostenible del agua.
Por otra parte, revela que los Estados miembros usan la financiación de la UE para apoyar cultivos intensivos en agua en zonas con estrés hídrico.
En España esto ocurre por ejemplo en zonas de Andalucía y Castilla La Mancha.
Por otra parte, aunque los pagos directos y algún otro de la PAC se condicionan al cumplimiento de determinadas obligaciones medioambientales, "los controles son poco frecuentes y las sanciones son bajas".
El único control común a todos los sistemas examinados es la necesidad de autorización para extraer agua de riego, según el informe.
Hay diferencias entre países y regiones, explican los auditores, que añaden que "en España, por ejemplo, el porcentaje medio de incumplimiento es considerablemente superior en Castilla-La Mancha que en Andalucía".
Por otra parte, los programas de desarrollo rural rara vez se usan para financiar medidas de retención natural del agua.
En este ámbito, España (en particular Andalucía) se encuentra entre los cinco países/regiones que aprovechan esa oportunidad.
Para corregir los problemas detectados, los auditores piden a la Comisión que exija a los países justificar los niveles de precios del agua en la agricultura y las exenciones del requisito de autorización previa para la extracción de agua.
Otras recomendaciones pasan por vincular los pagos de la PAC al cumplimiento de normas medioambientales y utilizar los fondos de la UE para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua.
