El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado un decreto de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno regional por el cual se establecen medidas extraordinarias de flexibilización aplicables a las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas financiadas con fondos Feader en el ámbito agrario y agroalimentario para poder ayudar a los beneficiarios a cumplir con los requisitos dado el aumento del coste de la energía de los últimos meses, "agravado desde finales de febrero por la invasión de Ucrania".
Según explica el decreto, recogido por Europa Press, este aumento de los costes energéticos ha derivado, a su vez, en un incremento del coste de materias primas o materiales.
Esta situación "está ocasionando dificultades a las empresas, ya que deben afrontar unas circunstancias en la que no solo tienen que asumir el incremento de los costes de producción, sino que en muchos casos tienen que hacer frente a una falta de suministros".
Todo ello incide directamente en la capacidad financiera y los plazos de ejecución para afrontar inversiones ya previstas u otras nuevas, según argumenta el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo.
"Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sin precedentes. Ante esta situación resulta evidente que muchas de las personas beneficiarias tendrán dificultades para cumplir algunos de los requisitos y compromisos", asevera la Consejería.
Por ello, cuando se dan circunstancias como las que ahora acontecen, no previsibles y ajenas a la persona beneficiaria, "es conveniente flexibilizar en lo posible los plazos y condiciones mencionados, con el fin de que las inversiones finalmente se puedan llevar a cabo".
Por todo ello, en casos de causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales se podrán aprobar modificaciones de las resoluciones de concesión de subvenciones o ayudas a inversiones del ámbito agrario o agroalimentario financiadas con fondos Feader que no se ajusten a las condiciones previstas en las bases reguladoras, entre otras, las que afecten a las unidades de ejecución de obras, al porcentaje y plazo de ejecución.
