El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente a 2018 y ha incorporado una serie de recomendaciones, también incluidas en informes de años anteriores, dado el insuficiente grado de implantación de las mismas.
En un comunicado, el órgano fiscalizador ha informado de que la cuenta general de la comunidad autónoma y las demás cuentas anuales de las entidades que integran el sector público autonómico "se han rendido, en general, respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido".
No obstante, ha apuntado que las cuentas del ente público Radio-Televisión Castilla-La Mancha y de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha "deberían haberse presentado de acuerdo con los principios y normas de contabilidad pública" y ha enumerado que una fundación rindió cuentas fuera de plazo y dos consorcios en proceso de disolución no rindieron conforme al Plan General de Contabilidad Pública.
El informe recoge que se produjeron actos de convalidación por el Consejo de Gobierno, por omisión del trámite de fiscalización previa, por valor de algo más de 8 millones de euros, entre los cuales destacan gastos por 550.000 euros derivados de adquisiciones, obras y servicios realizadas con anterioridad a 2018 que no estaban contabilizados en la cuenta de acreedores pendientes de aplicar al cierre de 2017.
Durante 2018, la Junta de Comunidades reconoció obligaciones, por 15 millones de euros, por gastos derivados de ejercicios anteriores, de los que 373.000 euros no contaban con créditos disponible en el ejercicio de procedencia y casi 5 millones se habrían imputado al referido presupuesto "sin que se conozca el procedimiento para ello y su amparo".
Con respecto al Sescam, el Tribunal de Cuentas indica que gastos realizados en 2018 por importe de 140 millones de euros no fueron objeto de imputación a su presupuesto, mientras otros correspondientes a ejercicios anteriores por importe de 102 millones fueron imputados al presupuesto de 2018, por lo que "se incumplió el principio de especialidad temporal".
En relación a la Sociedad Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), el Grupo Instituto de Finanzas, la empresa Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y la Sociedad para el Desarrollo Industrial (Sodicaman), sus cuentas de 2018 presentaban "diversas incorrecciones" en la aplicación de criterios contables o ausencia de la información prevista en el plan contable.
También existen "incorrecciones" respecto de algunas fundaciones como la del Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, en la que el tribunal ha apreciado un "alto riesgo de ausencia de razonabilidad de los saldos de acreedores".
En cuanto a la situación financiera y patrimonial de televisión autonómica, el tribunal ha remarcado que se encuentra afectada por una "incertidumbre relevante" derivada de los litigios por devoluciones del IVA.
Por otro lado, el incremento de las retribuciones del personal del sector público de Castilla-La Mancha supuso 142 millones de euros en 2018 y, junto al incremento de las retribuciones íntegras de los empleados públicos, se produjo un incremento adicional del 1,5 % derivado de la eliminación en un 50 % de la reducción del complemento específico llevada a cabo por la Ley autonómica de 2012, sin cumplir el requisito establecido en los presupuestos para poder aprobar el restablecimiento de retribuciones.
En la gestión del gasto de subvenciones, el órgano fiscalizador ha detectado "deficiencias" en subvenciones concedidas por la Junta, el Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer a organizaciones sindicales y patronales.
Además, la comunidad autónoma no contaba con un Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el ejercicio fiscalizado, y la información en materia de publicidad activa en el Portal de Transparencia no cumplía con todas las premisas establecidas.
En materia medioambiental, no se había constituido el registro público de infractores y el II Plan de Depuración de Aguas Residuales Urbanas no concretaba las actuaciones a realizar; 10 depuradoras no cumplían la normativa europea y 27 municipios de más de 2.000 habitantes no contaban con estas depuradoras.
Tampoco tenía Castilla-La Mancha preparada una estrategia regional para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Consejería de Educación no contaba con un plan de control propio ni con un manual aprobado para sistematizar las actuaciones verificadoras sobre los centros docentes públicos.
En el ámbito sanitario, el gasto creció por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española para 2018 y, entre otras cuestiones, el 27,9 % de las plazas cubiertas de la plantilla del Sescam lo estaba de forma interina así como había 1.444 plazas no ocupadas, mientras que el equipamiento tecnológico tenía deficiencias en el sistema de información por no haberse actualizado.
La tasa de pacientes en espera de intervención quirúrgica por 1.000 habitantes ha contribuido al incremento en la derivación de pacientes a centros privados en un 9,1 %, si bien la tasa de pacientes en espera, los tiempos medios y el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera superaban la media del conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas.
El órgano fiscalizador hace referencia al informe del Ministerio de Hacienda sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para el ejercicio 2018 que indica que se ha cumplido el objetivo de déficit y la regla de gasto en Castilla-La Mancha.
No obstante, ha agregado que los datos provisionales sobre el ejercicio 2019 reflejan una situación de incumplimiento del objetivo de déficit, y que también se cumplió el objetivo de deuda para el ejercicio fiscalizado, situándose dicha deuda, al cierre del mismo, en 14.714 millones de euros.
