La actividad para la prevención en riesgos laborales en Castilla-La Mancha pasará a significar en 2017 el 25 por ciento del total de la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, un 3 por ciento más que el pasado año.
Este dato lo ha dado a conocer este miércoles la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha presidido la reunión anual de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En el encuentro, se han aprobado los objetivos de la acción inspectora para el año 2017, al tiempo que se ha evaluado el cumplimiento de los previstos en el año 2016.
En concreto, los representantes de la Consejería y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, han aprobado la realización de campañas de inspección de riesgos laborales centradas en las necesidades de cada provincia y sector.
De manera concreta, ha informado en nota de prensa la Junta, habrá actuaciones específicas en el sector agrario, dado el incremento de los índices de siniestralidad en el mismo, además de un incremento significativo de las destinadas a la prevención de los trastornos músculo esqueléticos, primera causa de siniestralidad en la región.
La Comisión también ha previsto un "importante" incremento de las actuaciones de control sobre la actividad de los servicios de prevención, en particular, de los ajenos con actividad en la región.
En cuanto a la labor en el Área de Empleo y Relaciones Laborales, la Comisión ha subrayado la prioridad básica tanto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo como de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de controlar los excesos de jornada.
Tanto en los trabajadores contratados a jornada completa mediante la realización de horas extraordinarias, como de los trabajadores contratados a tiempo parcial mediante la declaración de jornadas inferiores a las auténticamente realizadas, ha explicado la Junta.
En esta línea, la Comisión ha decidido actuar "de manera prioritaria" en el control de las condiciones laborales de los jóvenes, incluyendo los posibles encadenamientos de contratos formativos, becas, prácticas y contratos temporales.
Asimismo, en virtud del acuerdo de colaboración suscrito el 7 de septiembre de 2016 entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha, se tramitarán de manera prioritaria las denuncias relacionadas con la discriminación por razón de género, además de estar previstas actuaciones sobre aquellas ofertas de empleo que puedan remitirse por discriminatorias desde las oficinas de empleo.
Franco ha valorado la coordinación en las actuaciones entre los inspectores y técnicos de la Consejería y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como "el esfuerzo por mejorar la calidad de la actividad inspectora con la nueva programación".
Sin embargo, ha demandado un esfuerzo por parte de la Administración del Estado para incrementar las plazas de inspectores en la región, "de modo que puedan realizarse con la mayor calidad posible las acciones inspectoras en un momento en el que la actividad económica en Castilla-La Mancha está en pleno crecimiento".
En la reunión, también han participado el viceconsejero de Empleo, Francisco Rueda; el secretario general de la Consejería, Rafael Ariza; el director general de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, Eduardo del Valle, y la directora general de Programas de Empleo, Elena Carrasco.
También el director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, José Ignacio Sacristán; el director provincial en Toledo de la Tesorería de la Seguridad Social, Lorenzo Carro Alonso, y el director provincial de Toledo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Ángel Vara.
Han acudido, asimismo, la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Carmen Mateo Castañeyra, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Juan Díaz Rokiski.
