Investigado por abatir a un corzo sin autorización en la Serranía Media Conquense

Durante el pasado mes de abril dos cazadores que realizaban esperas al corzo debidamente autorizadas, en un coto de la Serranía Media Conquense, observaron como desde un vehículo todo terreno se realizaba un disparo
La temporada de caza arranca este fin de semana en Castilla-La Mancha, cazador
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Dentro de las actuaciones llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco del Plan de Lucha contra el Furtivismo, agentes del Seprona de San Clemente han investigado a una persona por un presunto delito relativo a la protección de la flora y la fauna. El investigado además había cometido numerosas infracciones en materia de caza.

Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, durante el pasado mes de abril dos cazadores que realizaban esperas al corzo debidamente autorizadas, en un coto de la Serranía Media Conquense, observaron como desde un vehículo todo terreno se realizaba un disparo.

Dirigiéndose uno de los cazadores al lugar observó cómo el vehículo se había ocultado en el monte y su conductor buscaba la pieza a la que había disparado, el cual al ser sorprendido abandonó precipitadamente del lugar, encontrando a pocos metros de donde se encontraba el vehículo un corzo muerto, el cual aún estaba caliente y sangrando.

Dicho suceso fue comunicado a la Patrulla de Seprona de la Guardia Civil de San Clemente, la cual tras realizar las investigaciones pertinentes procedió a identificar e investigar como presunto autor de un Delito Contra Flora y la Fauna, según recoge el Artículo 335 del Código Penal vigente, a un vecino de una de las localidades próximas al lugar del hecho narrado, siendo remitidas las diligencias al Juzgado de Instrucción de Motilla del Palancar.

Además, fue denunciado por la comisión de diversas infracciones en materia de caza, que fueron remitidas a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca.

El trofeo del corzo abatido quedó en depósito de uno de los comunicantes y a disposición de la Autoridad Judicial, procediendo a la valoración económica del mismo por técnico competente de la Delegación de Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, para la determinación del perjuicio ocasionado en el acotado.

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