El sector del ajo alerta de una crisis sin precedentes que amenaza su viabilidad

El sector del ajo español atraviesa una situación límite que compromete la supervivencia de miles de explotaciones, según ha denunciado la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajos de España (ANPCA). La organización alerta de que concurren circunstancias inéditas que amenazan la competitividad y el futuro del ajo europeo, con repercusiones tanto económicas como sociales en las zonas rurales.

Uno de los factores más preocupantes es el agotamiento de los contingentes arancelarios de importación de terceros países, algo que nunca había ocurrido y que está facilitando la entrada masiva de ajo extranjero en los mercados comunitarios. Este producto, además, no está sometido a las estrictas exigencias fitosanitarias que sí se imponen a los agricultores europeos, lo que genera una evidente desventaja competitiva.

A ello se suma el incremento desorbitado de los costes de producción, agravado por los bajos rendimientos derivados de la falta de materias activas para combatir plagas y enfermedades. Según ANPCA, la ausencia de herramientas fitosanitarias eficaces sitúa al ajo europeo en inferioridad frente a sus competidores internacionales, erosionando su posición en los mercados.

La asociación recuerda que el ajo no es solo un cultivo estratégico desde el punto de vista económico, sino también un pilar social en el medio rural, ya que fija población, genera empleo y contribuye a la industrialización de los pueblos. “La actual deriva amenaza con condenar al cultivo del ajo a la desaparición, con todo lo que ello implica para el medio rural”, advirtió el secretario de la organización, José Carlos Arroyo.

Otro de los problemas señalados por ANPCA es la obsolescencia del arancel disuasorio de 1.200 €/tonelada impuesto por la Unión Europea en 2001. En España, la inflación acumulada desde entonces asciende al 77%, lo que ha restado gran parte de su eficacia. “Si se actualizara a la realidad actual, el arancel debería situarse en 2.130 €/tonelada, lo que devolvería al sector la misma protección de la que disponía en el momento de su implantación”, apuntó el vicepresidente de la asociación, Antonio Escudero.

Ante este panorama, ANPCA reclama un cambio radical en las políticas agrícolas y comerciales europeas. Sus propuestas prioritarias incluyen:

• Actualizar el arancel disuasorio en función de la inflación acumulada para que recupere su efecto protector.

• Establecer un sistema único europeo de autorización y registro de materias activas con Límites Máximos de Residuos (LMR) comunes, lo que reduciría costes y agilizaría la entrada de nuevas soluciones fitosanitarias.

• Refuerzo de la vigilancia en las aduanas europeas para asegurar que las importaciones de terceros países cumplen los mismos requisitos fitosanitarios exigidos a la producción comunitaria.

“Nos encontramos en un momento decisivo. Sin medidas inmediatas y contundentes, el ajo español y europeo quedará relegado en todos los mercados, con consecuencias irreversibles para miles de familias y para la economía rural”, alertó el presidente de ANPCA, Juan Salvador Peregrin.

ANPCA se ha consolidado como la mayor asociación europea del sector, con 10.530 hectáreas de superficie cultivada, más de 220 millones de kilos comercializados en la última campaña —el 80% del total nacional y el 65% del europeo—, 67 empresas comercializadoras asociadas y cerca de 1.800 productores.