Representantes de varias organizaciones ecologistas se han concentrado hoy frente a la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid al que acusan de "malas prácticas" que "hacen mucho daño a la imagen y reputación" del propio organismo, así como "un favor impagable" a la industria nuclear.
La convocatoria ha concentrado a una veintena de personas del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), el Foro Extremeño Antinuclear, la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Cuenca y Ecologistas en Acción, con el apoyo de Greenpeace y del partido político Equo, que han entregado un escrito destinado a los responsables del CSN.
El portavoz de energía nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, cree que este organismo no es "neutral y riguroso y se ha podido ver en asuntos especialmente graves" como por ejemplo el informe favorable sobre el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villas de Cañas (Cuenca).
Castejón ha asegurado a Efe que el CSN "ha pasado por encima" del informe negativo de su propia área de Ciencias de la Tierra, que expresaba dudas sobre la adecuación de estos terrenos para la construcción del ATC, un estudio que "fue ocultado a la opinión pública y al final fue el Consejo de Transparencia quien obligó a sacarlo a la luz", ha precisado.
Otro documento, esta vez elaborado por la consultora URS, que trabaja habitualmente con el CSN, califica igualmente estos terrenos como "inadecuados", ha añadido este portavoz de la organización conservacionista.
También se ha referido al informe favorable a la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en Almaraz (Cáceres), con el fin de "ampliar la vida de los dos reactores" de esta central más allá de los 40 años, que cumplirá en 2021, cuando "justo un año antes expira su permiso de explotación, por lo que deberíamos empezar a pensar qué hacemos con el parque nuclear español, un debate que tendría que dinamizar este organismo", ha insistido.
Los conservacionistas han organizado la protesta por éstos y otros casos como el de Areva, una multinacional que ha reparado las centrales de Almaraz (Cáceres) y Ascó (Tarragona) y tiene "al menos 500 protocolos falsificados", sin que "aún haya empezado ninguna investigación para aclarar la situación".
