El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, ha explicado a Transparencia Internacional los informes que obran en su haber sobre el futuro almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca), que el organismo regulador entregará el próximo mes a esa ONG.
Martí informó durante una hora al presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, sobre las características de dichos informes, relativos a la idoneidad y condiciones de seguridad de la ubicación del Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta actividad (ATC), ha explicado a EFE el responsable de la ONG.
A finales de febrero pasado, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó en una resolución que el CSN remitiese dos de los seis documentos solicitados por Transparencia Internacional España.
Lizcano ha añadido que el plazo de entrega de la documentación expira el 10 de abril -según sus cálculos- y el 13 de abril según el CSN, momento a partir del cual la oenegé los hará públicos.
El organismo regulador en materia nuclear solicitó hace un par de semanas una prórroga al Consejo de Transparencia para el envío de la documentación, debido a que necesitaba cerciorarse de que no incurría en posibles conflictos con protección de datos, propiedad intelectual o secreto profesional de los autores de los estudios.
El ATC, con un presupuesto superior a los 900 millones de euros, consiste en una nave blindada con paredes de casi dos metros de espesor, y guardará 6.700 toneladas de combustible gastado y de residuos de alta actividad de las plantas nucleares en cápsulas selladas.
En 2010, ocho localidades presentaron sus candidaturas para acoger el almacén de residuos de alta actividad: Zarra (Valencia), Santervás de Campos (Valladolid), Ascó (Tarragona), Albalá (Cáceres), Congosto de Valdavia (Palencia), Melgar de Arriba (Valladolid), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas.
El informe técnico final colocó a la localidad conquense en el cuarto lugar, después de Zarra, Ascó y Yebra.
El pasado 30 de mayo, el Tribunal Supremo rechazó los recursos de los ayuntamientos de Ascó y Yebra contra la decisión del Gobierno de elegir a Villar de Cañas , porque "nada obligaba" a escoger al municipio con mayor puntuación en la valoración técnica.
Según la sentencia del alto tribunal, el criterio de la Comisión Interministerial que elevó la propuesta al Consejo de Ministros no era vinculante para el Gobierno.
