La Fiscalía Provincial de Cuenca redujo en torno a un 16% las diligencias previas incoadas a lo largo del pasado 2019 por motivo del parón por la pandemia de la COVID-19 aunque el trabajo global "se estabilizó", frente a las ligeras subidas que se habían precedido en años anteriores.
Así lo ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa este viernes la fiscal jefe de Cuenca, Isabel Gómez, quien ha estado acompañada por Olivia Lozano, la fiscal delegada de la Sección Civil de Discapacidades y Mayores de la Fiscalía Provincial.
Durante la comparecencia, Gómez ha destacado que siguen siendo diez los fiscales que integran el Ministerio Fiscal en la provincia y que Cuenca sigue siendo una de las provincias de España con menor criminalidad del Estado.
En el trabajo de la Fiscalía el año pasado, el "reto más importante" fue el relacionado con la crisis sanitaria, "tanto en esta como en el resto de fiscalías del país", al mismo tiempo que ha indicado que lo que fueron los meses de confinamiento con el estado de alarma y la suspensión de plazos procesales "ha venido a ofrecer unas cifras inferiores en clave numérica, pero que son fiel reflejo del parón que sufrió la vida de todos los ciudadanos".
En primer lugar, Gómez se ha detenido en las diligencias previas, como fenómeno que mejor refleja el trabajo de la Fiscalía Provincial. En este sentido, ha habido una disminución de entre un 16% y un 20% en cuanto a las diligencias previas incoadas, llegando en 2020 al total de 5.492, frente a las 6.585 de 2019, una disminución "que tampoco es tan significativa".
Sin incluir los datos de la fiscalía de Menores, en la provincia se han redactado 708 escritos de acusación y se celebraron 1.107 juicios, de los que 495 pertenecieron a los juzgados de lo penal de la provincia, unos datos que "evidencian" el parón en los meses del primer estado de alarma pero que la normalidad "en cuanto al desarrollo de los procedimientos penales tampoco se ha visto significativamente alterada".
En total, en cuanto a la cifra global del trabajo de la Fiscalía Provincial de Cuenca del volumen de trabajo, aunque en los últimos años ha venido apreciándose una cierta tendencia al alta, en 2020 se "estabilizó".
35 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO NO DECLARARON
En materia de violencia de género, la fiscal jefe de Cuenca ha destacado que este sector "es uno de los que tiene el mayor compromiso de la Fiscalía". Durante 2020 se adoptaron 116 órdenes de protección, y se prestó atención a 419 víctimas de violencia, siete menores de edad. En este ámbito, uno de los "puntos pendientes" son las dispensas, que es cuando una víctima se acoge a su derecho de no declarar contra el agresor.
En 2020, en ese dato, de las 132 sentencias en materia de violencia, 36 han sido absolutorias, en las que 35 víctimas no llegaron a declarar contra el agresor en el juicio oral.
Además, en total en 2020 se habían incoado 61 actuaciones en esta materia, de las 83 del pasado 2019, por lo que la fiscal jefe de Cuenca no ha establecido una conexión clara entre esta reducción de casos con el confinamiento.
En cuanto a la criminalidad informática, "no se ha apreciado un incremento significativo", con cifras casi idénticas al 2019, cosa que "no ofrece un dato relevante" a pesar del aumento de las compras online por causa de la pandemia.
Respecto a los delitos por homofobia, no ha constado que se haya incoado ningún delito por este tema, aunque sí se tramitaron en la Fiscalía conquense tres delitos de odio, surgidos a través de las redes sociales, por motivos de naturaleza ideológica y crítica política.
LA COVID-19 CENTRA EL TRABAJO DE LA FISCALIA EN 2020
En cuando a la pandemia de la COVID-19, esta materia ha sido "el reto más importante durante 2020", en palabras de Gómez. En este ámbito, el grueso más importante del Ministerio Fiscal durante la pandemia fue la supervisión y control de las residencias de mayores y centros sociales, en línea con las directrices de la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Castilla-La Mancha.
En este punto, se dedicó un "especial seguimiento" a las residencias de mayores y de las muertes en dichos centros sociosanitarios. En lo que respecta a Cuenca, en una única investigación abierta se investigaron 41 residencias de mayores, diez viviendas tuteladas y ocho centros de mayores, de carácter tanto público como privado.
De esta investigación, se abrieron un total de cinco diligencias previas penales, que fueron dos por la falta de material en los centros, otras dos por las muertes en diferentes centros --abiertas una por oficio y otra a raíz de una denuncia de un particular-- y una quinta diligencia por la intervención del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de una residencia privada. Todas fueron finalmente archivadas.
En otros ámbitos, como los delitos contra el patrimonio y el medio ambiente, los delitos de tráfico de drogas y los relacionados con la conducción bajo los delitos del alcohol, también se notó un descenso medio del 20% en concordancia con el general, manteniéndose cifras similares de delitos que a años anteriores.
DERRUMBE DE LA CALLE CANÓNIGOS
En otro orden, la Fiscalía Provincial de Cuenca espera que "en un tiempo no muy lejano" pueda resolver la investigación que desde el pasado mes de mayo está llevando a cabo por el derrumbe de la calle Canónigos, a partir de una denuncia presentada ante dicho órgano por el Grupo Municipal Cuenca, en marcha! en el Consistorio conquense.
Durante su comparecencia, la fiscal jefe de Cuenca ha sido preguntada por cómo va la investigación en torno al derrumbe de esta calle que conecta la zona del Teatro Auditorio de Cuenca con las Casas Colgadas de la capital conquense.
A este respecto, Gómez ha recordado que en mayo tuvo entrada en la Fiscalía la denuncia y que en estos momentos lo está llevando el fiscal encargado de delitos de medio ambiente y contra el patrimonio histórico.
"En ese primer momento se solicitó información tanto al Ayuntamiento como demás entidades responsables principalmente que pudieran aportar luz no solo sobre el resultado, que ya lo sabemos, sino el estado que presentaba la calle, las actuaciones que se habían acometido previamente de reforma y demás", ha desgranado la fiscal jefe.
Esa documentación ya fue remitida al Ministerio Fiscal y a fecha actual, hasta donde le consta, "el fiscal ya tiene esbozada una línea de trabajo", intuyendo que "en fechas no muy lejanas, ya que esto tiene que seguir los filtros y profesos de la Fiscalía, estarán en condiciones de resolver la cuestión".
Gómez ha explicado que la investigación de la Fiscalía está centrada en un delito por daños imprudentes contra el patrimonio histórico en donde "no se trata de valorar el resultado, sino dentro de las personas que tenían competencia y el mantenimiento de ello, si de forma consciente, no adoptaron medidas y se produjera el resultado".
Hasta donde conoce la fiscal jefe, "se ha remitido una documentación bastante profusa de todos los trabajos en los años precedentes que se habían llevado a cabo tanto en la calle como en el entorno, porque había también problemas con algunos colectores que años precedentes se habían llevado a cabo obras".
Entre los siguientes pasos que dará el Ministerio Público, Gómez ha destacado que el fiscal encargado de la investigación "tendrá que valorar si a su juicio existen indicios para que desde la Fiscalía se interponga denuncia o querella contra algunas de las personas responsables en la gestión de este bien o si por otra parte, a la vista de la documentación que hay, se considera que desde el punto de vista penal no es posible iniciar o denunciar imputando los hechos a ninguna persona".
Según ha explicado Gómez, "los perfiles de la responsabilidad penal requieren de unas líneas al margen de la responsabilidad política o civil, y es en última instancia determinar si quien tenía la competencia ahí, de forma consciente, conociendo el riesgo, no llevó a cabo las actuaciones que tenía que haber llevado y a resulta de no hacerlo el derrumbe de produce".
También están siendo objeto de estudio "los factores que pueden entrar ahí" y que hayan causado el derrumbe, "como si este fue a consecuencia de la inacción, o si influyeron fenómenos meteorológicos y ha podido tener o no incidencia en el resultado y de qué manera", ha subrayado la fiscal jefe de Cuenca.
Por último, ha recordado que días después de que se produjese este derrumbe, que tuvo lugar el 12 de mayo de este 2021, se presentó la denuncia en la Fiscalía, se iniciaron las diligencias de investigación penal, se designó instructor al fiscal especialista en materia de medio amiente y urbanismo, "y esa persona ha pedido documentación y toda la que solicitó está encima de la mesa".
