El juez y la fiscalía apoyan que se conceda un indulto parcial a María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre condenada a dos años y cuatro meses de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de su hijo mayor durante cuatro años, para que pueda mantener la relación con otra hija menor que tiene.
Sevilla fue condenada por un delito de sustracción de menores tras ser detenida en marzo de 2019 en una finca de Villar de Cañas (Cuenca) tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia del niño al padre y mantenerle aislado y sin escolarizar durante un año.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han informado a Efe de que el juez apoya el indulto parcial en sintonía con la Fiscalía Provincial, que plantea mantener la pérdida de la patria potestad de su hijo, pero reducir a dos años la pena de cárcel para "no perjudicar las relaciones materno-filiales" con su otra hija ni el "desarrollo afectivo emocional" de la menor.
La Fiscalía, que recuerda que es el primer delito que comete Sevilla, señala también que la mujer "ha mostrado asumir sus responsabilidades abonando la cantidad fijada como responsabilidad civil en favor del perjudicado, e ingresando voluntariamente en centro de cumplimiento", aunque no ha mostrado arrepentimiento "en el sentido de reconocimiento expreso y claro" de los hechos y los perjuicios causados al niño y al padre.
Las penas impuestas, afirma, son proporcionales a los hechos y la de privación de la patria potestad por cuatro años es la mínima aplicable" en este caso. Cuando pase ese tiempo el hijo ya será además mayor de edad.
En su escrito remitido al Juzgado de lo Penal 2 de Ejecutorias, el Ministerio Público deja clara su oposición al indulto total para la mujer, porque "su contumacia en impedir la relación entre padre e hijo, y en desoír las resoluciones judiciales dictadas que la obligaban a facilitar y reestablecer dicha relación, resulta merecedora de sanción".
A su entender, no hay razones de equidad o utilidad pública que justifiquen un indulto total tanto por motivos de "prevención especial", ya que el cumplimiento de una pena busca restaurar la paz social, alterada por la comisión de un delito; como por motivos de "prevención general", para evitar una sensación de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos.
"Máxime cuando, a raíz de estos hechos y otros similares, parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada 'Yo también lo haría', de la que se hace eco la prensa, y que parecen fomentar actuaciones similares, manifiesta la Fiscalía en referencia a las manifestaciones de apoyo a María Sevilla y a otras madres condenadas por impedir a sus exparejas visitar a sus hijos.
