Visto para sentencia el juicio contra 7 exediles de Tarancón por la empresa Tainsa

En la segunda sesión de la vista oral, las partes han presentado sus informes de conclusiones y la Fiscalía ha retirado expresamente su acusación contra Lourdes Luna y Luis Daniel López
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photo_camera En la imagen de archivo el Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)

El juicio contra siete exconcejales de Tarancón (Cuenca), por un presunto delito contra la Hacienda Pública cuando eran miembros del Consejo de Administración de la empresa Tarancón Industrial S.A. (Tainsa), ha quedado visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca, después de que el ministerio fiscal haya retirado su acusación contra dos de los encausados.

En la segunda sesión de la vista oral, las partes han presentado sus informes de conclusiones y la Fiscalía ha retirado expresamente su acusación contra Lourdes Luna y Luis Daniel López, según han confirmado a EFE fuentes de la defensa.

Ninguno de los dos formaba parte del Consejo de Administración de Tainsa en el segundo trimestre de 2009, fecha en la que según la acusación se produjo la infracción que ha dado origen a la causa, 893.000 euros de IVA no repercutido en las obras de urbanización del polígono “Senda de los Pastores”.

Ambos ediles entraron a formar parte del Consejo de Administración en una fecha posterior, julio de 2009.

Según estas mismas fuentes, esta circunstancia está reflejada en la causa desde un principio, pero no se ha tenido en cuenta, por lo que tanto Luna como López fueron acusados y han tenido, al igual que los otros cinco procesados, sus bienes embargados desde el año 2013.

Por último, la defensa ha señalado que la sentencia será conjunta para los siete y, al menos en el caso de los dos ediles a los que se han retirado los cargos por parte de la Fiscalía, tendrá que ser “absolutoria”, ha considerado.

Antes del fin de la segunda sesión la acusación, formada por el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, ha mantenido sus peticiones de condena para los otros cinco encausados, de tres años de prisión y una multa de 1,7 millones de euros por un presunto delito contra la Hacienda Pública. 

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