El Gobierno niega que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) haya comprado los terrenos del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares sin haber realizado estudios previos sobre los mismos, tal y como denunciaba el coordinador federal de IU, Cayo Lara, en una pregunta dirigida al Gobierno en el Congreso.
Así, aunque el Ejecutivo niega que la empresa comprara los terrenos sin hacer informes previos, sí reconoce que estos estudios deberán de ser ampliados, conforme al Plan de caracterización que ENRESA ha concretado con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que servirá para elaborar la documentación que la normativa, tanto nuclear como medioambiental, establece, para que esta instalación pueda contar con las autorizaciones necesarias.
El diputado de izquierdas cuestionaba al Gobierno sobre la gestión de Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real, al frente de la empresa pública dedicada a la gestión de residuos radiactivos (ENRESA). A su juicio, Gil-Ortega está realizando una sede de actuaciones "muy discutibles" y su perfil al frente de esta empresa "no parece el adecuado".
En su opinión, carece de cualquier tipo de vinculación con el sector nuclear y con el energético, un aspecto que opinión de Cayo Lara, rompería una norma no escrita de 28 años de presidentes, con formación y trayectoria profesional altamente vinculados a los sectores de la energía y a la tecnología nuclear, así como de la protección radiológica.
Un emplazamiento, ¿prioritario?
Lara destaca que la primera decisión que tomó fue la compra de los terrenos para implantar el ATC en 'Los Boleos', "realizando buena parte de las negociaciones personalmente" y "sin conocer si sus características eran adecuadas y a escasos 2.000 metros del casco urbano de Villar de Cañas (justo en el límite legal) y en plena vega del río Záncara".
Eso sí, Cayo Lara sostiene que la Comisión Interministerial para la elección del emplazamiento del ATC calificó de "prioritario" el emplazamiento del ATC en la finca 'La Carbonera', una pamela "más alejada" del casco urbano de Villar de Cañas y del río Záncara, y "más elevada".
"La única diferencia es que la finca 'La Carbonera' pertenece a una sola persona no residente en Villar de Cañas, mientras que el Paraje de 'Los Boleos' tiene 14 parcelas pertenecientes a otras tantas personas, la mayoría de las cuales reside en Villar de Cañas", agrega.
Es más, sostiene que, a día de hoy, tras muchos estudios, siguen las dudas en cuanto a su riesgo geomorfológico y así lo reconocen los propios técnicos de 'Enresa' en sus informes. Por ello, Cayo Lara denuncia que las actuaciones de Gil-Ortega se han demostrado "irresponsables, contrarias a los criterios técnicos de seguridad, opacas, motivadas por los intereses políticos de quien le nombró y con vistas a la compra de voluntades".
En este contexto cita la actuación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca (donde está representada IU) que ha solicitado públicamente el cese de Francisco Gil-Ortega en la presidencia de Enresa, puesto que "sus decisiones tendrán como consecuencia más riesgos para la población, añadidos a los riesgos altísimos que conlleva el silo nuclear".
Las funciones están reguladas
Así las cosas, el Gobierno defiende en primer lugar que las funciones de ENRESA son las establecidas en el decreto de 2003 sobre ordenación de las actividades de la empresa de gestión de residuos radioactivos, así como por la Ley de 1964 de Energía Nuclear, que le permite el desarrollo de actividades complementarias que tengan como objeto el facilitar dicha gestión.
"Estas actividades pueden consistir, en su caso, en el desarrollo de infraestructuras en las áreas geográficas involucradas en la gestión de los residuos radiactivos, o en facilitar el asentamiento de empresas que puedan contribuir a crear un ambiente socioeconómico adecuado en el entorno de las instalaciones destinadas al cumplimiento de las funciones de ENRESA", agrega el Ejecutivo en su respuesta.
En este sentido y en relación con el Almacén Temporal Centralizado (ATC), recuerda que en la resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se efectuaba la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el emplazamiento de esta instalación y de su centro tecnológico asociado.
En el apartado dedicado a la descripción del proyecto, según sostiene el Ejecutivo, se señalaba que como apoyo a la instalación ATC y el centro tecnológico asociado, el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una superficie de unas cinco hectáreas.
Por lo que respecta a la actitud del presidente de ENRESA con relación a la energía nuclear, el Gobierno indica que ni en el referido decreto de 2003, ni en el resto del ordenamiento jurídico en el que se enmarca la actividad de ENRESA, se prescribe cual ha de ser la actitud de la persona que ostenta este cargo en relación con la energía nuclear.
Trabajos previos
En cuanto a la compra de los terrenos para ubicar esta instalación, señala que, tras la selección por parte del Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011 del municipio de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado, ENRESA, al objeto de llevar a cabo este proyecto, realizó unos trabajos iniciales en los tres terrenos propuestos por dicho municipio, con el fin de disponer de información específica de los mismos para dar soporte a la compra de terrenos.
"Dichos trabajos consistieron en un reconocimiento geológico preliminar, la realización de varios perfiles geofísicos y la perforación de 1 o 2 sondeos en cada parcela para disponer de información real del subsuelo", agrega.
Asimismo, defiende que los resultados obtenidos no inhabilitaban a ninguna de las parcelas propuestas, adquiriéndose por parte de ENRESA las parcelas conocidas como 'Balanzas-Boleos' y 'Blancares' y, posteriormente, 'El Chaparral'.
Se mantiene el presupuesto y el calendario
Por su parte, el director de Ingeniería de ENRESA, Pablo Zuloaga, ha asegurado que el proyecto de almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado no tiene desviaciones de presupuesto ni tampoco variaciones respecto al calendario.
Durante una reunión para informar sobre el estado del proyecto del ATC, Zuloaga ha asegurado que ha cumplido los plazos previstos en el licenciamiento.
El encuentro ha reunido a representantes de los accionistas de ENRESA, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre y el director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Cayetano Löpez. A la cita han asistido también diputados miembros de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, así como representantes de diversos ministerios que tienen relación directa con este proyecto.
En la cita, el representante del departamento de Calidad de ENRESA, Manuel Acacio, ha subrayado que uno de los aspectos "clave" en el licenciamiento de una estructura compleja reside en la Declaración de Impacto Ambiental.
Por su parte, el presidente de ENRESA, Francisco Gil-Ortega ha asegurado que la empresa está "totalmente volcada" con el ATC, del que ha dicho que es un "gran proyecto de Estado" y ha destacado las "magnificas relaciones" que ENRESA mantiene con todas las instituciones y actores implicados.
Zuloaga ha expuesto los antecedentes del proyecto, desde las primeras resoluciones emitidas por la Cámara baja hace ya casi diez años, hasta el pasado mes de enero, cuando la empresa presentó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la solicitud previa y de construcción.
Finalmente, ha recordado las infraestructuras que conlleva este proyecto, como son el propio almacén, el centro tecnológico asociado, el parque empresarial u otras actuaciones externas como pueden ser acometidas varias y mejoras de accesos.
