El Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca) ha aprobado una ordenanza municipal sobre la gestión y evacuación de purines que persigue evitar "la proliferación de macrogranjas en el municipio".
La ordenanza ha sido aprobada en el último pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de esta localidad y contó con el voto a favor de todos los partidos con representación municipal, según ha informado el consistorio en una nota de prensa.
La ordenanza llega semanas después del conflicto abierto con el vecino municipio de Villanueva de la Jara, en cuyo término municipal, pero a menos de 300 metros de un pozo de agua de abastecimiento humano de Quintanar, hay proyectada una granja porcina.
Con esa construcción y, pese a que las obras estén paralizadas en este momento, era necesario crear esta ordenanza para garantizar que se cumple con las medidas de seguridad establecidas", ha informado el consistorio en una nota de prensa.
Así, la ordenanza recoge los actos de vertido, las condiciones del transporte, la definición de los términos, el ámbito de aplicación de la ordenanza y las zonas de exclusión (como los espacios naturales protegidos) y las franjas de seguridad.
También las infracciones y sus correspondientes sanciones, que oscilan entre los 750 euros hasta los 3.000 euros.
Asimismo, advierte de la prohibición de verter purines en terrenos que no tengan la calificación de fincas rústicas de labor y, además, deben estar situadas a una distancia mínima de 5 kilómetros del casco urbano y suelo urbanizable o de instalaciones vinculadas con el turismo u otras similares.
Por otro lado, el consistorio ha informado de que las explotaciones ganaderas instaladas en el término municipal de Quintanar del Rey deberán presentar "una declaración" con la estimación el volumen de purines anuales que serán generados por la explotación a lo largo del año.
No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho de actuación mediante los medios que considere oportunos, "para controlar e incluso impedir, si fuera necesario, las actuaciones de aplicación o manipulación de purines cuando dichas operaciones no se ajusten a lo dispuesto en la ordenanza o cuando dichas operaciones constituyan un grave perjuicio para el interés general".
Una vez aprobada la ordenanza, se abre un periodo de consulta pública de 30 días para presentar alegaciones y, si no se formulan, quedará aprobada de forma definitiva.
