La Cepyme reclama al Gobierno incentivos a empresas para frenar la despoblación

CEPYME pide al Gobierno aprovechar las ayudas a la despoblación que brinda la UE en 2022 para Soria, Teruel y Cuenca
La Cepyme reclama al Gobierno incentivos a empresas para frenar la despoblación
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La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha instado este jueves al Gobierno a concretar en los Presupuestos Generales del Estado incentivos a las empresas para frenar la despoblación.

En una rueda de prensa, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, se ha sumado a la reivindicaciones de las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel para que "se apliquen cuanto antes" las ayudas que la Comisión Europea ha reconocido a las empresas de estas zonas por estar escasamente pobladas.

Los presidentes de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, Santiago Aparicio; de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, y de CEOE Cepyme Cuenca, David Peña, ha subrayado la "grave situación" que viven estas regiones como consecuencia de la despoblación y la necesidad de trabajar para frenar este proceso, según un comunicado.

A juicio de todos ellos, "las empresas son un actor fundamental para lograr asentar con éxito y expectativas la población al territorio", por lo que han sostenido que "compensar la desventaja competitiva que en estos momentos presentan las empresas de estas tres provincias es crucial para conseguirlo".

En este sentido, han destacado que estas tres provincias se situarían en una posición "similar" a otros 18 territorios de Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Croacia y Letonia que cuentan con esta ventaja competitiva.

Soria, Teruel y Cuenca han sido reconocidas por la Comisión Europea como áreas escasamente pobladas, al presentar una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Esto supone, según la Cepyme, que en la revisión de las directrices de ayudas de Estado con finalidad regional se contemple estas zonas como zonas desfavorecidas, lo que, a su vez, permite la concesión de ayudas estatales a las empresas situadas en dichas provincias hasta un máximo del 20 % de sus costes laborales.

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